La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha desestimado los recursos de apelación presentados en contra de la resolución que reducía la fianza impuesta a Seguridad Integral Canaria de los 35 millones de euros iniciales a 3,25 en la causa que se sigue por un posible fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
Este procedimiento investiga si el empresario Miguel Ángel Ramírez defraudó 13,78 millones de euros al erario público entre 2008 y 2013 al pagar a los empleados de SIC las horas extras como dietas, que no tributan.
El auto desestima la petición realizada por Santiago Pérez, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, la Abogacía del Estado, el Fiscal y la Tesorería General de la Seguridad Social, que recurrieron la fianza fijada en 3,25 millones puesto que no estima que sea procedente un aumento «tan sustancial de la misma» como estima un recurrente ni tampoco la petición «de la AEAT, que concreta una cantidad mucho menor (6,5 millones) ni por el propio Ministerio Fiscal que no propone cantidad alguna», dice el documento, por lo que el ponente considera «lo más adecuado optar por el mantenimiento de la que fue impuesta de manera razonada y razonable por la juez instructora y que responde a los principios de prudencia y excepcionalidad especialmente exigibles cuando la cuestión se refiere a medidas cautelares», concluye el auto. SIC está solicitando a raíz de este auto que se proceda al levantamiento del embargo de 555.006 euros trabados por acuerdo de adopción de medias cautelares, y que se proceda al cumplimiento ahora del auto del juzgado de lo Mercantil 2 y se restituya dicha cantidad a la masa activa del concurso.
Autor:
Secretaria de Información FTSP – USO Canarias