Piden al Ministerio de Empleo que compense sus «trabajos» en las negociaciones de los convenios.
Tanto la burocracia sindical de CCOO y UGT, como la patronal han solicitado alMinisterio de Empleo que compense los «trabajos» realizados por los «interlocutores sociales» en el desarrollo de las negociaciones de los convenios, a través de la concesión de subvenciones.
Según se informa, por la vía de esas subvenciones, los llamados «agentes sociales»tratarían de recuperar el 50% de los ingresos que con anterioridad percibían a través de la gestión de la formación de trabajadores, que en el año 2014 ascendió nada menos que a la friolera de 75.000.000 €.
En otros términos, la aplicación de ese nuevo «subvencionaje» significaría que serían de nuevo los trabajadores los que a través de sus impuestos, mantendrían económicamente las parte de los gastos de la burocracia sindical
No obstante, UGT y CCOO niegan que tal petición tenga como objetivo la recuperación de las cantidades dejadas de percibir por ambos sindicatos, y que lo que ellos se proponen es lograr «es una ley de participación institucional que regule todos los ámbitos».
UGT ha cifrado entre 35 y 40 millones de euros los gastos que les ocasionan estas “negociaciones» de convenios. La verdad es, sin embargo, que tras esas enormes cantidades se esconden sustanciosas dietas, alquiler de salones y alojamiento en grandes hoteles de primerisima clase, así como otras operaciones menos confesables. Pero lo peor de todo ello es que el auténtico objetivo de esas «concertaciones» con la patronal esta orientado a lograr paz social y la pérdida progresiva de derechos y conquistas por parte de la clase trabajadora. eso ha sucedido durante las últimas décadas, y no existe ningún elemento nuevo que permita pensar que ello cambiado.
En España se da la indescriptible paradoja de que es el propio Estado el que fundamentalmente mantiene al sindicalismo de las dos organizaciones sindicales que gozan del favor de los gobiernos de turno, a partir del establecimiento de la Constitución monárquica de 1978. Este hecho ha permitido que a lo largo de casi cuatro décadas la clase trabajadora fuera perdiendo progresivamente sus conquistas políticas, sociales y económicas.
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