Varias Plataformas ciudadanas exigen que se revisen los contratos vigentes y que se paralicen las 13 licitaciones previstas.
La Plataforma 29 E, que aglutina a más de 20 asociaciones de vecinos de Santa Cruz; la Plataforma por la Dignidad, y la Asociación por la Rehabilitación del Parque Viera y Clavijo, acompañadas del partido Sí se puede, denunciaron ayer «malas prácticas laborales» en las empresas contratadas por el Ayuntamiento para la prestación de diferentes servicios públicos en el municipio. Dichos movimientos ciudadanos pusieron como ejemplo a Serunión, entidad que se encarga del albergue para indigentes; Urbaser, adjudicataria de los servicios de limpieza y parques y jardines, y Seguridad Integral Canarias, empresa encargada de la vigilancia del Consistorio.
Estas Plataformas presentaron ayer un escrito en el Ayuntamiento para exigir al Gobierno local (CC-PP) que revise los contratos vigentes con empresas privadas a las que «se han detectado irregularidades, con vistas a la posible rescisión de dichos contratos», y que paralice las 13 licitaciones previstas para este ejercicio, por más de 205 millones de euros y entre las que se encuentran las correspondientes a los contratos de limpieza viaria, alumbrado público, zonas verdes o mobiliario urbano, con el fin de incluir cláusulas de «buenas prácticas laborales y de calidad del servicio». Estos movimientos ciudadanos aseguran que en los pliegos de condiciones de los concursos públicos convocados por el Consistorio chicharrero «no se protege a los trabajadores ni se prioriza la calidad del servicio, sino la oferta económica más barata que se presente».
«Confiamos en que estas peticiones se tengan en cuenta y se apliquen de inmediato, dado que de no hacerlo, el Ayuntamiento de Santa Cruz se estaría exponiendo a posibles sanciones futuras y requerimientos de otras administraciones estatales y europeas, y estaría dejando de lado el interés primero que debe regir en cualquier administración local, que no es otro que velar por los intereses y el bienestar de sus ciudadanos», indican las Plataformas vecinales citadas.
Estas apuntan que en Urbaser los trabajadores se exponen a «determinados riesgos laborales pues, y por ejemplo, estos limpian grafitis sin protección alguna y baldean sin botas»; indican que el personal de Seguridad Integral Canaria sufre retrasos en los abonos de las nóminas, y recuerdan que Serunión echó a una trabajadora por llevarse unos panes para dar de comer a sus hijas, «empresa que además acumula numerosas denuncias en el país por sus malas prácticas laborales y por la deficiente calidad del servicio de comedor que presta». En este sentido, las Plataforma también exige al Consistorio que establezca un protocolo para «conocer los antecedentes de las empresas que contrata».
Por otra parte, las Plataformas piden que se habiliten fórmulas en los pliegos de las licitaciones públicas para que empresas canarias de pequeño y mediano tamaño puedan acceder también a estos contratos, «y no solo multinacionales».
El edil de Recursos Humanos, el nacionalista Juan José Martínez, ha indicado que se estudiarán cada una de las propuestas planteadas por las Plataformas.
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