La FTSP-USO considera irresponsable la decisión de retirar la seguridad privada de las cárceles.

NOTA DE PRENSA

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) tacha de irresponsable e inasumible para el sector la retirada de la Seguridad Privada en las prisiones anunciada por Instituciones Penitenciarias. Y advierte que esta decisión, de hacerse realidad, abocaría al desempleo a más de un millar de Vigilantes de Seguridad en todo el territorio nacional.

El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, anunciaba ayer en su comparecencia en la Comisión de Interior la retirada de los Vigilantes de Seguridad que prestan servicio en el exterior de las cárceles, devolviendo esta competencia de forma exclusiva a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta decisión ha sentado como un jarro de agua fría a los cientos de trabajadores de Seguridad Privada que complementan el dispositivo de seguridad perimetral de las prisiones, que se ven en el paro en los próximos meses.

La FTSP-USO defiende el actual sistema de seguridad para el exterior de las prisiones, el cual ha servido para incorporar a más efectivos de la seguridad pública a labores de seguridad ciudadana, encomendando a la seguridad privada funciones que le son más propias de este colectivo que de la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Desde la FTSP-USO entendemos este anuncio como una decisión política populista y un acto de sumisión del Gobierno e Instituciones Penitenciarias ante las reivindicaciones de los sindicatos de prisiones contra la Seguridad Privada en las cárceles, sin más argumentos que el desprecio hacia los agentes privados desde su llegada a las mismas en todo el Estado.

A esta Federación este anuncio no nos pilla por sorpresa, ya que desde el principio de la presencia de vigilantes en el exterior de las prisiones, el sector de la seguridad privada en general y el de los compañeros que realizan sus funciones en el exterior de las prisiones en particular, siempre hemos sido agredidos en panfletos y concentraciones, despreciados y descalificados por estos funcionarios, criticando nuestra labor, dudando de nuestra y afirmando que no estábamos capacitados para desempeñar estas funciones, algo que el paso de los años ha demostrado que es totalmente falso.

Queremos decirle a todos ellos que estamos preparados y en marcha para defender con la contundencia debida los más de mil puestos de trabajo que se verían afectados de aplicarse esta medida.

 Esta medida obligará al Gobierno del Sr. Sánchez a incrementar los costes presupuestarios y a retirar de las calles a miles de Guardias Civiles que deberían dedicarse a proteger y velar por la seguridad de los ciudadanos en el ámbito donde son más efectivos en lugar de destinar parte de este coste económico a incrementar la plantilla de funcionarios de prisiones, a mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo.

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