El caso se inició hace seis años. Concretamente el 28 de enero de 2014. La instrucción no debería haber durado más de dos años, por lo que este desenlace, a estas alturas, es un claro fracaso de la Administración de Justicia.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha dictado un auto en el que da por concluida la instrucción del caso que investiga por presuntos delitos de defraudación tributaria y contra la Seguridad Social a Seguridad Integral Canaria (SIC), Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas. Se trata del famoso procedimiento 644/2014 que en su día también instruyeron, entre otros muchos, los magistrados Victoria Rosell y Salvador Alba y que dio origen posteriormente al Albagate. El mismo investigaba el dinero que SIC presuntamente evitó pagar al fisco camuflando gastos que estaba obligada a cotizar, bien no declarándolos o falseándolos.
El modus operandi era, según las acusaciones, presentar horas extras como dietas o kilometrajes que no estaban sujetas a retenciones y cuya cuantía total defraudada habría superado los 20 millones de euros. También investigan el convenio colectivo firmado y que luego fue declarado nulo.
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