Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se puede en Santa Cruz, ha pedido al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, que convoque a la representación de los trabajadores de vigilancia y seguridad del Ayuntamiento para que les informe sobre las actuaciones que el equipo de Gobierno (CC-PP) va a emprender para garantizar su salario y sus derechos laborales, visto que la actual concesionaria, Seguridad Integral Canaria, “ha abandonado a su suerte al personal que presta sus servicios en las dependencias municipales”.
Arcila informa de que la representación del personal ha manifestado que lo que más les atemoriza es la falta de información municipal tras el reciente comunicado de Seguridad Integral Canaria, anunciando su retirada de los servicios de vigilancia que desempeñan en las instituciones públicas, entre las que se encuentran las sedes del Ayuntamiento de Santa Cruz. “Desde Sí se puede exigimos una mayor coordinación con las personas más directamente afectadas, sabiendo como se las gasta esta empresa pirata”, subraya el portavoz ecosocialista.
Perjuicios
El concejal de Sí se puede recuerda que los trabajadores “llevan años percibiendo de manera reiterada los sueldos con enormes retrasos”. “Así, por ejemplo, el pasado mes de agosto empezaron a cobrarlo el día 18, lo que les está ocasionado notables perjuicios, hasta el punto de que la Inspección de Trabajo lo ha calificado de riesgo psicosocial en la empresa, que afecta de manera grave y directa a estas personas”, manifiesta Pedro Arcila.
“Debemos ser conscientes de los daños que ha ocasionado esta empresa pirata a los trabajadores.
Como se sabe, los pagos de muchos servicios básicos debemos realizarlos en los primeros días del mes, como alquileres, hipoteca, agua, luz, teléfono, gastos extraescolares, pensiones compensatorias o alimentos. Dado que estas personas no pueden hacer frente a esas obligaciones debido al incumplimiento empresarial en el pago puntual de la nómina, se generan impagos que, a su vez, provocan descubiertos bancarios, gastos por devolución de recibos, intereses, gastos por reposición de servicios, y un largo etcétera de perjuicios”, subraya el concejal.
Fuente: