La Inspección de Trabajo de Tenerife abre expediente sancionador a la empresa SH Lanzarote.
Una denuncia de la FTSP-USO Canarias ante la IT de Las Palmas de Gran Canaria por el retraso reiterado en el abono de las nóminas a sus trabajadores, hace que se abra un expediente sancionador a esta empresa que presta sus servicios en varias administraciones públicas de Las Palmas de Gran Canaria o dependencias del Gobierno de Canarias.
La empresa aporta a la Inspección de Trabajo un comunicado dirigido a los trabajadores/as donde dice entre otras cosas " ........ a la vista de las incidencias económicas que venimos sufriendo en los últimos meses." ".... queremos hacerles saber que la empresa esta poniendo todos los medios a su alcance para revertir la situación que se viene dando en el pago de los salarios ....." " A raíz de la situación originada por la pandemia, las diferentes Administraciones vienen retrasando el pago de sus facturas hasta el punto de tener pendientes de abono una gran cantidad importante de dinero que es nuestro principal ingreso del que depende el abono de las nóminas."
" El Juzgado de lo social ha procedido al embargo de las cuentas bancarias de la empresa, así como al embargo de la facturación de algunos de nuestros clientes, lo que nos esta limitando en el cumplimiento de nuestras obligaciones económicas."
" Por otro lado, la Direccion de la empresa solicitará una reunión con los representantes de los trabajadores para que ellos puedan aportar las posibles vías de solucion que consideren, ..."
La Inspección de Trabajo solicita a la empresa que aporte documentación con los representantes de los trabajadores, no aportando la empresa ningún pacto.
Los retrasos en el pago de los salarios que la empresa reconoce, se constatan a través de la documentación aportada.
Por lo tanto la conducta expuesta se prevé como INFRACCION GRAVE y se aprecia reincidencia en la conducta infractora de la empresa.
Desde la FTSP-USO volvemos a solicitar a las Administraciones Públicas que opten por una contratación pública responsable en la que primen los intereses de los trabajadores y no el supuesto ahorro económico, de dichas administraciones en los contratos de seguridad privada, que al final tal y como demostramos una vez tras otra no lo es.