La Asociación de Policía Local de Cantabria (APLC) ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el Ayuntamiento de Torrelavega por contratar a una empresa privada para vigilar el lanzamiento de los fuegos artificiales sin tener autorización y sin personal especialista en explosivos.
En un comunicado, este sindicato califica de «despropósito» que mientras el Ayuntamiento contrataba a Prosetecnisa para vigilar en lanzamiento de los fuegos artificiales el pasado 15 de agosto, la Delegación del Gobierno ordenase que la custodia y seguridad corran a cargo de funcionarios de la Policía Local.
Según APLC, ello se debe a que la empresa privada, la misma que se contrató en 6.000 euros para prestar un servicio de seguridad dentro del recinto de ferias de la Patrona, carece de la correspondiente autorización, al no tener vigilantes especialistas en explosivos, lo cual es preceptivo.
El alcalde asegura que se cumplió la normativa
Por su parte, el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón (PP), ha asegurado en un encuentro con periodistas que «en todo momento» se ha cumplido el contenido de la normativa sobre seguridad en el lanzamiento de los fuegos, como en el resto de espectáculos de las fiestas.
Aunque de forma expresa ni ha rechazado la denuncia sindical ni ha defendido la contratación de la empresa privada, Calderón ha asegurado que todo lo que se pueda gastar en seguridad «está bien gastado».
Respecto a la posible denuncia de APLC, el alcalde ha asegurado que la misma «tendrá que seguir su curso».
Por su parte, para este sindicato de agentes policiales el dinero gastado para la contratación de la empresa para la custodia de explosivos «ha sido tirado a la basura», porque ha sido necesaria una nueva dotación económica para pagar a los funcionarios «y poder cubrir mínimamente el servicio de vigilancia».
En este sentido, recuerda que la Policía Local de Torrelavega es «un servicio bastante mermado ya» por la falta de reposición de miembros jubilados en los últimos cinco años, pues de los 86 efectivos con los que contaba la plantilla ahora solo hay 74.
Por otra parte, APLC reitera la denuncia ya realizada por los sindicatos UGT y CCOO sobre «la ilegalidad y la incoherencia» que supone contratar a una empresa privada de seguridad para prestar un servicio de seguridad dentro del recinto de ferias.
Según la Asociación de Policía Local, es «ilegal» porque la empresa realiza funciones que son competencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la vía pública.
También lo califican de «incoherente» porque se contrata un servicio que tiene que ser revisado o supervisado por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que supone «duplicar recursos muy escasos últimamente».