La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Canarias (FTSP-USO CANARIAS) denuncia públicamente la alarmante situación de agresiones, insultos y amenazas que sufre el personal de seguridad, educativo, técnico y de intervención directa en los centros de menores de las Islas Canarias. Día tras día, los profesionales del sector se enfrentan a un clima de creciente inseguridad en el desarrollo de una labor esencial, aunque escasamente reconocida por las administraciones públicas.
La realidad que vive este colectivo evidencia múltiples deficiencias estructurales: falta de formación y capacitación adecuada, insuficiencia de personal y recursos, planificación deficiente, instalaciones inadecuadas y ausencia de protocolos efectivos de seguridad. Esta situación requiere medidas urgentes y concretas por parte del Gobierno de Canarias.
Por ello, la FTSP-USO junto a USO-CANARIAS convocan a todas las personas del sector a una concentración el lunes 7 de julio, de 09:00 a 12:00 horas, frente a la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, para exigir soluciones inmediatas y mejoras en las condiciones laborales. Esta convocatoria se realiza en el marco de una jornada de protesta que también tendrá eco en la provincia de Las Palmas.
Asimismo, se ha solicitado una reunión formal con la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Dña. María Candelaria Delgado Toledo, con el objetivo de trasladar las propuestas sindicales para mejorar las condiciones laborales y de seguridad de quienes trabajan en estos servicios esenciales.
CAMPAÑA NACIONAL: “STOP AGRESIONES” – POR LA DIGNIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
Esta acción se enmarca en Canarias en la campaña nacional “STOP AGRESIONES”, denunciando el aumento de agresiones al personal de seguridad privada y exigiendo medidas urgentes para proteger su integridad y dignidad profesional, una reforma legal que garantice la protección jurídica efectiva del personal de seguridad privada, Reclamando a las administraciones públicas que asuman su responsabilidad y garanticen condiciones laborales seguras, justas y dignas.