Ministros, jueces, militares, periodistas, donaciones a partidos políticos ¿hasta donde llegan los tentáculos de este (empresario).”¿Por qué le temen? ¿Por qué nadie se atreve a hacer que se cumpla la ley con el? ¿Quién le protege?. Nadie parece tener una respuesta a lo inexplicable.
Cronología
Sentencia firme: 18 de julio de 2011. La Audiencia de Las Palmas confirma la condena de tres años y un día de cárcel a Miguel Ángel Ramírez por un delito contra la ordenación del territorio. Añade que debe tirar las obras hechas en su finca de La Milagrosa.
Indulto parcial: 13 octubre de 2013. El Consejo de Ministros conmuta la pena por una de dos años con la obligación de demoler las obras ilegales
Pena suspendida: 5 de noviembre de 2014. El Juzgado de lo Penal número 5 suspende la nueva pena si no comete delitos durante cuatro años. Anulación: 8 de junio de 2015. El Tribunal Supremo anula el Real Decreto 863/2013 y ordena que las actuaciones vuelvan a la Audiencia para que emita informe del indulto porque modificó la sentencia inicial. Plazo límite: 13 de junio de 2016.
El Juzgado deja sin efecto la pena de dos años, declara vigente la anterior y la suspende hasta el 5 de octubre. Si el Gobierno no resuelve antes, el indulto se considera denegado y Ramírez debe ir a prisión al ser la pena superior a los dos años y no caber la suspensión.
El empresario deberá ingresar en prisión si el Gobierno no subsana la anulación del indulto en tres meses – Un auto declara vigente la pena de tres años y un día por las obras en su finca.
El Consejo de Ministros, que está en funciones, tiene hasta el 5 de octubre para indultar a Miguel Ángel Ramírez. Si en ese plazo no resuelve los defectos formales apreciados por el Supremo, la juez deberá ejecutar la pena de tres años de cárcel impuesta por las obras de la finca de La Milagrosa, según declara un auto judicial. La situación es insólita porque la Audiencia ha informado a favor del perdón parcial del empresario y este ha cumplido con todas la exigencias del Gobierno, el Código Penal y la Fiscalía para reparar el daño y evitar el ingreso en prisión.
El tiempo juega en su contra.
El presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas y dueño del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, vive atrapado en la burocracia judicial, entre un indulto parcial anulado por el Tribunal Supremo (TS) y la investigación por fraude fiscal que afecta a una de sus empresas, Seguridad Integral Canaria, con las bifurcaciones de ese procedimiento que afectan a los magistrados Salvador Alba y Victoria Rosell, ambos investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por supuestas irregularidades durante la tramitación del proceso penal al que está sujeto el empresario.
Pero este último jaleo de ministros, jueces y conspiraciones para hacer y deshacer carreras políticas no parece el problema principal que afronta Ramírez, sino la pena de tres años y un día de cárcel que ratificó en 2011 la Audiencia de Las Palmas por las obras ilegales hechas en su finca de La Milagrosa, ubicada en un espacio protegido de la capital grancanaria (Pino Santo).
Esa condena vuelve a estar vigente tras la anulación de la medida de gracia el 8 de junio de 2015, porque conlleva la desaparición del presupuesto legal que permitía conmutar el castigo anterior por uno de dos años para evitar el ingreso en la cárcel del empresario, según establece el Juzgado de lo Penal número 5 en un auto dictado el pasado 13 de junio, cuya finalidad es aclarar si Ramírez debe o no entrar en la cárcel ante la tardanza del Consejo de Ministros en subsanar los defectos formales por los que la Sala Tercera del Supremo invalidó el perdón concedido.
Se agota el tiempo
En ese sentido, el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas, que es el responsable de ejecutar la sentencia, ha acordado dejarla en suspenso hasta que el Gobierno vuelva a pronunciarse sobre la petición del empresario. Y hasta ahí todo parece casi normal… Ramírez regresa a la casilla de salida en un lance burocrático más, sin que existan trabas aparentes para solucionar el entuerto, sobre todo porque la Sección Primera de la Audiencia, con Miguel Ángel Parramón como presidente, informó el 1 de octubre de 2015 a favor de la concesión del indulto parcial y, por tanto, no hay obstáculos legales para que el Consejo de Ministros enmiende su error y vuelva a fallar a favor de Ramírez (el Alto Tribunal ordenó la retroacción de las actuaciones porque se había omitido el informe de la Audiencia). El problema es que el tiempo juega en contra del empresario, porque el Gobierno sigue en funciones y dentro de tres meses se cumple el plazo de un año para responder a la solicitud de Ramírez, según establece la magistrada Natalia Suárez en el auto dictado el pasado 13 de junio.
Dicho plazo empezó a contar desde el 5 de octubre de 2015, día en el que el Ministerio de Justicia recibió el informe favorable de la Audiencia de Las Palmas. La juez concede la suspensión de los tres años y un día de cárcel durante el tiempo que resta de tramitación, pero con una advertencia: si el Consejo de Ministros no resuelve antes del 5 de octubre, la medida de gracia se entenderá desestimada por silencio administrativo negativo y, por tanto, Ramírez deberá ingresar en prisión al superar la pena impuesta los dos años e incumplirse el requisito de la duración máxima para dejarla en suspenso.
La situación, de producirse, sería rocambolesca: Ramírez ha cumplido con las condiciones fijadas en el indulto para que le sustituyan la pena inicial por una de dos años de cárcel, entre ellas demoler las obras ejecutadas de manera ilegal y pagar la responsabilidad civil (fue condenado a tres años y un día de prisión, multa de 43.200 euros e inhabilitación para promover construcciones).
Por eso el Juzgado de lo Penal número 5, tras verificar que había cumplido la condición del indulto para conmutarle la pena, acordó por auto de 5 de diciembre de 2014 suspenderle los dos años de prisión, con la condición de que no cometiera más delitos durante un plazo de cuatro años. Antes, el 31 de octubre de 2013, el Consejo de Ministros le exigió demoler las obras para aplicarle esa pena y no la de tres años de cárcel, según establece el Real Decreto 863/2013, cuya anulación por el Supremo en junio de 2015 ha motivado ahora que el Juzgado deje sin validez todas esas resoluciones, con la advertencia de que el auto de suspensión de la pena desplegó plenos efectos hasta la sentencia del Alto Supremo.
Esto último es importante, porque dicho auto ha interrumpido el plazo de prescripción de la pena y, a la postre, tras la anulación del indulto y la demora del Gobierno en subsanar su error, ha evitado el ingreso en prisión de Ramírez. La Fiscalía de Las Palmas, en ese sentido, pidió a la magistrada una aclaración sobre las consecuencias de la anulación del indulto, pues la pena se extinguiría a los cinco años desde que devino firme la sentencia si finalmente el plazo no se hubiera considerado interrumpido, es decir, habría prescrito este mismo mes de julio (la magistrada, igual que la Fiscalía, entiende que la exigencia de no delinquir en cuatro años para conmutarle el castigo es una manera alternativa de ejecutar la pena que interrumpe el plazo de prescripción).
El abogado que defiende al empresario en este pleito, Lino Chaparro, no está conforme con el auto del Juzgado de lo Penal y lo ha recurrido en reforma, con el argumento de que no concurren las causas establecidas en el Código Penal para revocar la suspensión de la pena de dos años, pues su cliente ha cumplido con la condición impuesta en el indulto para disfrutar de ese beneficio.
El letrado considera que la situación de Ramírez no ha variado, que sólo está pendiente de solventarse una cuestión formal y no procede aplicar la pena tres años de cárcel, porque el indulto es irrevocable. Asimismo rechaza que el empresario deba entrar en prisión si el Gobierno no resuelve antes del 5 de octubre.
La juez, en cambio, replica que el plazo de un año para contestar la medida de gracia es una prescripción legal y “no puede prolongarse indefinidamente el cumplimiento de una pena acordada por una resolución judicial”, entre otros motivos porque la mera petición del indulto no interrumpe el plazo de prescripción de la pena, es decir, se correría el riesgo de que esta se extinga si no se ordena su cumplimiento. La magistrada confirmó su auto el pasado jueves , por lo que ahora deberá pronunciarse en apelación la Audiencia.
Al margen del debate jurídico, las fuentes judiciales consultadas no ven trabas legales para que el Gobierno indulte a Ramírez, máxime cuando existe un informe favorable de la Audiencia, el empresario ha cumplido con las condiciones impuestas y el Consejo de Ministros sólo tiene que corregir un error ajeno al afectado. De ahí la paradoja a la que se enfrenta.
El retraso, quizá, se deba a la coincidencia con las dos campañas electorales y, sobre todo, a los dos escándalos judiciales en los que están inmersos Alba y Rosell, con el supuesto amaño de una declaración judicial a Ramírez para facilitar la tramitación de una querella contra la magistrada interpuesta por el exministro José Manuel Soria. El empresario, con la grabación clandestina que le hizo a Alba en su despacho de la Audiencia, se ha convertido en la piedra angular de ambos casos.
Fuente: 
Mas datos de interés.
Los trabajadores ponen al descubierto los abusos en Seguridad Integral Canaria
“HAY UNA PROFUNDA CONNIVENCIA ENTRE RAMÍREZ Y EL PODER POLÍTICO Y JUDICIAL”.
Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- El pasado viernes, 9 de enero de 2016, se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria la manifestación convocada con el objeto de denunciar “los continuos abusos” y las presuntas ilegalidades que – según manifiestan sus asalariados – se cometen en la empresa Seguridad Integral Canaria, integrada en el Grupo RALONS y propiedad de Miguel Ángel Ramírez.
La manifestación, convocada por los sindicatos USO, Intersindical Canaria, CC.OO. yUGT, junto a los Comités para la Unidad Obrera (CUOs), partió del capitalino Parque de San Telmo y transcurrió por la Calle de Triana y el casco antiguo de la ciudad hasta el Palacio de la Justicia.
Durante el transcurso de la marcha, unos doscientos manifestantes expresaron su hartazgo por las condiciones laborales de “extrema precariedad” impuestas en Seguridad Integral Canaria, donde -según denunciaron – “los empleados cobran 300 euros menos que en cualquier otra empresa del sector, no se respeta ningún derecho laboral y cualquier tipo de reclamación es respondida con inmediatas represalias”.
En declaraciones a Canarias-semanal, los representantes sindicales presentes en el acto explicaron cuál es la situación a la que se enfrentan los trabajadores de Miguel Ángel Ramírez y destacaron como, pese a la imputación que pesa sobre este empresario por un presunto fraude a Hacienda y la Seguridad Social, las administraciones continúan otorgándole numerosos concursos públicos.
JACINTO ORTEGA DEL ROSARIO, IC: “LOS AFICIONADOS DE LA U.D. LAS PALMAS TIENEN DERECHO A SABER QUIÉN ES ESTE PERSONAJE”.
“Esta empresa no respeta ningún derecho laboral, ni respeta a los trabajadores, que son los que al final incrementan su poder económico”– manifestó al respecto Jacinto Ortega del Rosario, de Intersindical Canaria.
El delegado de Intersindical se refirió, asimismo, a la imposición en Seguridad Integral Canaria de “un convenio de empresa que -dijo- nos ha hecho retroceder 25 años en el sector de la Seguridad Privada”.
“En SIC son constantes las amenazas a los trabajadores, las coacciones y no se respeta ni el derecho a estar sindicalizado. Hay que recordar también – añadió Ortega del Rosario – que este señor está imputado, acusado de camuflar el pago de las horas extras como dietas y otros conceptos para no cotizar a Hacienda y a la Seguridad Social”.
Preguntado acerca de la posible influencia de su cargo como presidente de la U.D. Las Palmas en la opinión que la sociedad canaria tiene de Miguel Ángel Ramírez, Jacinto Ortega fue taxativo.
“Yo procuro no mezclar las dos cosas -apuntó-. Soy seguidor de la Unión Deportiva y quiero mucho a mi club, pero entiendo que la gente y particularmente los abonados del equipo, tienen que saber quién es este personaje. No puede ser que intente mejorar su imagen desde el palco de Las Palmas”.
JOSÉ MANUEL OJEDA, CC.OO.: “VAMOS A PRESENTAR UNA QUERELLA CONTRA EL CONSEJERO HERNÁNDEZ SPÍNOLA”
José Manuel Ojeda, de Comisiones Obreras, destacó el “miedo que tienen muchos trabajadores de Seguridad Integral Canaria, que prefieren seguir cobrando 800 sin decir nada, aunque ese sueldo no les permita pagar la hipoteca y atender al resto de sus gastos familiares, antes que enfrentarse a la represalias por reclamar”.
En relación a los concursos públicos concedidos a Miguel Ángel Ramírez por la Administración autonómica, Ojeda adelantó a Canarias-semanal que, “en una o dos semanas CC.OO. tiene previsto anunciar una querella contra el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad Francisco Hernández Spínola“.
“En el mes de agosto -explicó – se le concedió a SIC el concurso en la Administración de Justicia, condicionado a cumplir el convenio colectivo, cosa que no está haciendo. La Administración no actúa y dice que esto es una cuestión entre los trabajadores y la empresa, cuando no es así porque se está produciendo una apropiación indebida. La administración le paga a Ramírez en función del convenio colectivo y luego este paga menos a sus empleados”.
BASILIO A.FEBLES, USO: “NO ENTENDEMOS COMO UNA EMPRESA QUE PRESUNTAMENTE DEFRAUDA A HACIENDA SIGUE RECIBIENDO CONCURSOS PÚBLICOS”
En el mismo sentido que los delegados de las otras organizaciones sindicales, Basilio A. Febles, del sindicato USO, aseguró que “la situación de los trabajadores en Seguridad Integral Canaria es absolutamente precaria”.
“No se trata solamente – puntualizó – del tema económico, siendo este muy importante, sino también de otros muchos relacionados con la prevención de riesgos laborales, la conciliación familiar, etc.”.
En lo que tiene que ver con la cuestión salarial – explicó Febles – son muchas las formas en las que se les sustrae a los trabajadores lo que le pertenece. “La empresa no paga el transporte, no paga la antigüedad, no paga el plus de nocturnidad y hace otras regulaciones, según le interesa, que también sustraen dinero a los empleados”.
Por otro lado -añadió el representante de USO – “no entendemos como una empresa que presuntamente defrauda a Hacienda sigue recibiendo contratos de la administración publica y, paradójicamente, también de la propia Hacienda y la Seguridad Social, cuyos edificios en Canarias son custodiados por Seguridad Integral Canaria”.
ARMICHE CARRILLO, COMITÉS PARA LA UNIDAD OBRERA (CUOs): “SIENDO PRESIDENTE DE UN CLUB DE FÚTBOL UN MULTIMILLONARIO ESTÁ INVIRTIENDO EN SU PROPIA IMAGEN”.
Armiche Carrillo, miembro de los Comités para la Unidad Obrera, destacó la razón por la que – en su opinión – Miguel Ángel Ramírez “se puede permitir someter a sus trabajadores a todo tipo de abusos”, al tiempo que continúa incrementando sus contratos y su fortuna personal.
“Hay una profundísima connivencia – manifestó – entre la burguesía, representada en esta caso por Ramírez, los representantes políticos y el estamento judicial“.
“Siempre nos han querido vender – continuó – que se trata de ámbitos independientes, pero no es así, de tal forma que la patronal coloca a sus representantes políticos y éstos, en justo pago, garantizan a esta patronal toda clase de prebendas”.
“El caso de Miguel Ángel Ramírez es paradigmático de esta connivencia que existe entra la patronal y todos los partidos que defienden el capitalismo, porque el capitalismo en definitiva no es más que esto”.
Finalmente, Carrillo incidió en la utilización, por parte de los grandes empresarios, de los sentimientos despertados por el fútbol en la mayoría de la población.
“Evidentemente -apuntó – no es casualidad que los presidente de todos los clubes de futbol sea empresarios multimillonarios. Al ocupar estos cargos lo que están haciendo es invertir en un capital social con el que consiguen que los éxitos del equipo se consideren sus propios éxitos. Es una enorme carga de publicidad positiva la que se llevan y no son raros los casos de personas que hacen ojos ciegos a los que sucede en el Grupo Ralons y pretenden justificarlo diciendo que la Unión Deportiva va bien”.