Argumenta que había llegado a un acuerdo «tácito» con los trabajadores por el cual ellos se comprometían a alargar su jornada laboral en caso de que el servicio lo pidiera sin cobrar el exceso.
Tras declarar Ramírez, el juez acordó imponerle una fianza de 35 millones, tanto para el presidente de la compañía como para el actual administrador.
Durante su declaración, sin embargo, el magistrado insistió en que había trabajadores que habían denunciado ante el Juzgado “bajo juramento” que usted “les pagaba como dietas lo que en realidad eran horas extraordinarias”, acusaciones a las que Ramírez solo pudo responder aludiendo a un supuesto “pacto tácito” que la empresa había hecho con los empleados por el que éstos se comprometían a no cobrar horas extra cuando por necesidades del servicio había que extender la jornada laboral, extremo que han negado ante el juez algunos de los trabajadores.
El instructor insistió varias veces durante la comparecencia de Ramírez en que no entendía por qué éste no aportaba pruebas que demostraran que pagaba las dietas como dietas y las horas extraordinarias como horas extraordinarias. Hasta ahora, “nadie me ha pedido que yo demuestre esto”, dijo el presidente de Seguridad Integral Canaria, cuya primera declaración se produjo hace meses ante la juez Victoria Rosell, anterior instructora de la causa y actual cabeza de lista por Podemos en Las Palmas.
“¿Pero usted qué problema tiene en presentar aquí las pruebas?”, le preguntó el juez Alba Mesa. “Señoría, que lo he presentado en Hacienda”, respondió Ramírez, que volvió a ser interpelado por el instructor, quien insistió en que entonces no habría problema en traer la documentación que avale que Seguridad Integral Canaria pagaba las horas extra como horas extra. “No sé si la tengo”, terminó admitiendo el propietario de la sociedad también imputada en la causa. “Me imagino que tengo que tener copia, señoría, porque todo lo que presento en Hacienda lo debo tener”, añadió.
Tras tomar declaración a Ramírez, el juez acordó imponerle una fianza de 35 millones de euros, tanto para el presidente de la compañía como para el actual administrador, Héctor de Armas, también imputado en la causa, que investiga el supuesto fraude fiscal -cifrado en 21 millones de euros– en el que ha incurrido la empresa entre 2008 y 2013. El juez Alba Mesa ha reactivado la investigación después de que su antecesora llevara meses con el proceso paralizado.
Los informes de la Agencia Tributaria han acusado a Seguridad Integral Canaria de falsear la realidad contable de la compañía por medio del cambio de conceptos económicos. En concreto, los inspectores de Hacienda han señalado a la mercantil por presentar como dietas conceptos salariales que están sujetos a retención, lo que habría provocado que la compañía eludiera el fisco. En su declaración en sede judicial, el inspector de la Agencia Tributaria calificó de «estratosféricas« las dietas que abona la empresa.
Fuente: elconfidencial.com