Preocupación e incertidumbre en el sector de la seguridad privada por la reducción de los servicios de seguridad y vigilancia tras la finalización del estado de alarma.
El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales mayoritarias FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CCOO) y FTSP-USO, y la organización patronal APROSER, todas ellas firmantes del Convenio Colectivo Sectorial Nacional, advierte del riesgo que estos recortes supondrían para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los usuarios de servicios en la desescalada del COVID-19 y tras la misma.
A modo de ejemplo, el actual contrato de servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones e infraestructuras de todo el Estado del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) fue adjudicado en noviembre de 2018 con una vigencia de 36 meses.
Desde el día 1 de junio Adif ha efectuado unilateralmente un primer recorte de varios millones de euros sobre el importe de adjudicación inicial, lo que supone una reducción en el número de Vigilantes de Seguridad, que en alguna de las instalaciones ha afectado al 50% de la plantilla asignada, y de media entre el 20 y el 25% de la plantilla total, de momento.
Desde el Observatorio Sectorial advierten que será «dificilmente asumible y poco eficaz» el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios del COVID-19 según nos vayamos adentrando en «la nueva normalidad» y aumente el número de usuarios en el transporte público, tras el recorte en gastos y personal de seguridad efectuado por el administrador ferroviario.
Asimismo, se debería garantizar la seguridad y la vigilancia de las instalaciones en los horarios en que estas permanezcan cerradas al público.
Además, muestran su preocupación por los cientos de puestos trabajo que están en juego y la incertidumbre generada por este recorte económico en las empresas prestadoras del servicio, con un presupuesto comprometido y las inversiones ya realizadas para asegurar el servicio.
Este tipo de decisiones vuelven a poner en duda el modelo de contratación pública y genera muchas dudas entre las compañías del sector a la hora de presentarse a este tipo de licitaciones, en este caso ante el riesgo de recortes durante la propia ejecución de los contratos.