Representantes del sector de la seguridad privada de UGT, CCOO y USO han acusado hoy al Gobierno del Principado de “destruir” 91 puestos de trabajo en el último año y han advertido de que, con el objetivo de abaratar costes, “el patrimonio asturiano está desprotegido en horario nocturno”.
Los sindicatos han realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que han anunciado la posibilidad de la convocatoria de una huelga en la seguridad privada si no se resuelven los problemas del sector.
El representante de los trabajadores de la seguridad privada en UGT, José Manuel Fernández, ha asegurado que la reducción en un 12 por ciento del presupuesto destinado en 2013 por el Principado a la seguridad privada ha destruido el empleo del 40 por ciento de la plantilla de vigilantes contratados por la Administración.
De esta manera, frente a los 213 vigilantes de seguridad privada que trabajaron para el Principado en 2012, 91 han perdido su empleo y se enfrentan a una situación “muy difícil, ya que no es posible su recolocación laboral”, ha lamentado Fernández.
El sindicalista ha destacado que estas políticas “están cambiando el sistema de seguridad para abaratarlo” y ha remarcado que “con el objetivo de ahorrar dinero, no habrá servicios nocturnos por lo que el patrimonio de Asturias se verá desprotegido”.
En esta misma línea se ha manifestado el representante de USO, Luis Alonso, que ha asegurado que la reducción presupuestaria ha hecho que Asturias pase de ser “una de las regiones más seguras, a una en las que ha aumentado más la delincuencia en el último año con una subida del 7,1 por ciento”.
Alonso ha especificado que las “medidas reductoras que está aplicando el Gobierno regional” han ocasionado la disminución del número de vigilantes del Centro de Menores de Miraflores, de diez a seis profesionales, por lo que ha alertado de que se producirán “muchas más fugas de las que ya se producían hasta ahora”.
Por su parte, el portavoz de los empleados de la seguridad privada en CCOO, Rafa Bravo, ha criticado que las adjudicaciones destinadas a seguridad se realicen mediante concursos públicos que “reducen la subasta a una cuestión de precio y no de técnica”.
Ha denunciado el “intrusismo” en el sector que respalda el Principado “al emplear auxiliares que reciben el salario mínimo como vigilantes”.
Bravo ha asegurado que esta práctica es “ilegal” y ha advertido a la Administración de que el sector “no va a permitir estas actuaciones”, por lo que ha informado de que si la reunión prevista con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, y la concentración convocada para el próximo día 11 frente al Palacio de Gobierno “no sirven para nada”, el sector se pondrá en huelga.
Respecto a la incorporación de la seguridad privada al centro penitenciario de Villabona, los representantes de los sindicatos han asegurado que “defienden la función pública y que en ningún momento el sector quiere acaparar las prisiones, sino que se respete la cualificación de la seguridad privada para encargarse de su seguridad periférica”.
El sector de la seguridad privada cuenta en Asturias con 1.700 profesionales y unas 23 empresas encargadas de su gestión.