Sin lugar a dudas 2020 ha sido un año complejo a todos los niveles. La irrupción de una gravísima pandemia, que ha reformulado la vida de los ciudadanos en todos los ámbitos, ha generado un gran impacto en la economía y las previsiones continúan siendo inciertas. En este contexto, los profesionales que componen el sector de la seguridad privada han continuado desarrollando una encomiable labor con el objetivo de garantizar un regreso seguro a la actividad.
Una nueva vigilancia para un nuevo entorno.
En 2020 el papel de la seguridad ha cobrado especial protagonismo al haber desempeñado una labor de gran peso en el contexto de la pandemia. En un nuevo entorno, donde el estricto control y cuidado de los espacios se ha convertido en algo prioritario, se ha configurado “una vigilancia nueva” que ha estado protagonizada por profesionales que han multiplicado sus funciones para garantizar la seguridad en todo momento: control de aforos, mantenimiento de la distancia social o control de temperatura, entre otros, en espacios como supermercados, hospitales o grandes redes de infraestructuras de transporte.
Todas estas actividades han sido reconocidas muy positivamente por distintos colectivos que han destacado la encomiable labor de los profesionales de la seguridad privada para hacer esta situación más llevadera a la ciudadanía y que asuman los menores riesgos posibles.
2021 se presenta como un reto tan preocupante como estimulante, en el que la seguridad privada tiene la responsabilidad de continuar reforzando la seguridad de la ciudadanía a través de las nuevas actividades que se han reclamado, y las que se reclamarán en un entorno de riesgos más que nunca cambiante, y en el que sus usuarios tienen también la responsabilidad de exigir a las empresas de seguridad la máxima calidad en los servicios prestados.
Nuevo Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad.
Es importante destacar que, a pesar de las difíciles circunstancias derivadas de la crisis económica a las que se enfrentaba, y sigue enfrentándose el país, patronales y sindicatos hicieron sus mayores esfuerzos para ser capaces de restar más incertidumbres y dotar al sector de una herramienta tan necesaria como un nuevo Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad, cuya vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021. Éste contempla, entre otros, un incremento del 1% en las tablas salariales y regula otras cuestiones importantes como el registro horario o el mecanismo de actualización salarial ante posibles incrementos del SMI.
No obstante, a pesar de estas regulaciones, quedan todavía cuestiones pendientes para el sector. Por nombrar algunas, ambas partes tienen legítimos intereses en regular temas que permitan un nuevo impulso para avanzar en la plena y efectiva igualdad de las personas trabajadoras, la negociación de los coeficientes reductores que hagan posible una jubilación digna en el sector, así como, entre otros, encontrar soluciones que hagan sostenible la actividad del transporte de fondos y gestión del efectivo. Y ahora, además, la adaptación del Convenio a la regulación del teletrabajo.
Es necesario introducir en el futuro planteamientos relacionados con mejoras directas en la productividad, además de encontrar soluciones al impacto de los importantes y constantes incrementos de costes derivados de la antigüedad y el absentismo. Impactos permanentes que, si se adicionan a las medidas adoptadas en relación con la dotación de equipos de protección individual y prevención de contagios en general, tienen un efecto directo en términos de coste empresarial que pudiera estimarse en torno a un 1% adicional al incremento pactado en cada momento.