La empresa TRAUSA SEGURIDAD, se descuelga del Convenio Colectivo Sectorial por duodécimo año consecutivo

Por duodécimo año consecutivo, la empresa radicada en el sur de Tenerife, TRAUSA SEGURIDAD, se descuelga del Convenio Colectivo Sectorial, otra vez con la complicidad de los representantes legales de los trabajadores, miembros de una plataforma independiente de trabajadores, que con sus votos han ratificado este acuerdo.

Un 21% menos de salario, 3915 euros anuales, es la cuantía económica que van a perder cada una de las personas trabajadoras, Vigilantes de Seguridad, que prestan servicios en esta empresa “pirata”.

Esta empresa, al igual que otras muchas empresas del sector, exprime hasta el máximo la legalidad vigente y convierte en una práctica habitual lo que debe ser extraordinario. Su política comercial y de existencia pasa por explotar a sus trabajadores laboral y económicamente, sometiéndoles a unos salarios de auténtica miseria para poder ofertar precios inferiores a los de mercado, lo que significa una competencia desleal hacia otras empresas del sector que si están dispuestas a cumplir con el Convenio Colectivo Sectorial.

Desde la FTSP-USO rechazamos estos acuerdos y solicitamos un salario digno y unas condiciones laborales razonables para todas las personas trabajadoras de esta empresa. Anunciamos que vamos a impugnar este acuerdo de descuelgue ante las autoridades competentes y que procederemos a denunciar todas las anomalías de las que tengamos conocimiento; asimismo, ofrecemos nuestra ayuda jurídica a todas aquellas personas que quieran demandar este atropello.

Basilio Alberto Febles, Secretario General de la FTSP-USO, recuerda cómo han acabado la mayoría de las empresas que se descuelgan del Convenio y luego este es anulado por la justicia: abocadas al concurso de acreedores y al cierre patronal dejando a los trabajadores en el paro y a los clientes con una inmensa dificultad para encontrar otra empresa que se haga cargo de los servicios de seguridad privada por las deudas ocasionadas y que deben ser asumidas por la nueva adjudicataria.

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