Tras las reiteradas denuncias que la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), interpuso ante la Mesa de Contratación en la Diputación de Lugo. El gobierno provincial informó de que la misma será «pionera en España» y una «de las primeras administraciones del país» en proponer la resolución del contrato que mantiene con la empresa de seguridad, «ALCOR SEGURIDAD» por considerar que incumplió las condiciones laborales de sus propios trabajadores.
La junta de gobierno de la institución ha acordado hoy la remisión al Consello Consultivo de Galicia del expediente abierto a la empresa Alcor Seguridad, que prestaba servicio para la Diputación, por «rebajar la retribución» a sus trabajadores, «amparándose en la Reforma Laboral» e «infringiendo el contrato» con el propio organismo provincial. Rebajas que llegaban a casi 400€ mensuales, según denunció la FTSP-USO.
En concreto, aclara el Gobierno provincial, se tomó esa decisión en «defensa de los derechos de los trabajadores» ante las decisiones adoptadas por la empresa encargada de la seguridad en el Museo Provincial de Lugo y en el Pazo dos Deportes.
Según su criterio, la adjudicataria aprovechó la «Reforma Laboral del Gobierno central para rebajar los salarios de los trabajadores» e «infringió, de esta forma, el pliego de condiciones de su contrato con la Diputación, que se basa en el convenio estatal de este sector».
Por ello, «y ajustándose rigurosamente a la legalidad, el organismo provincial le abrió en octubre un expediente a esa empresa», lo publicó en el «Boletín Oficial de la Provincia» y ahora «se lo remite al Consello Consultivo de Galicia, que emitirá dictamen en el plazo máximo de un mes, para poder, finalmente, resolver el contrato».
Además, el Gobierno provincial afirma que «la Diputación garantiza en todos los casos el empleo al personal afectado», porque la nueva adjudicataria tendría la obligación de asumir «a los trabajadores que actualmente prestan ese servicio».