La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) tuvo conocimiento, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, de los pliegos de condiciones para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad en Centros Docentes y Dependencias Administrativas de esa Consejería.
LOS HECHOS
El contrato propuesto se rige por la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. Presentando las siguientes irregularidades que esta federación en escrito enviado a esta Consejería advirtió de que tendrían que ser subsanadas en vista de no incumplir la Ley de aplicación.
- El contrato asigna 75 puntos a la oferta económica.
«En nuestra opinión, de una simple lectura de la Ley se desprende que el precio no puede superar el 49% de los criterios de adjudicación, un porcentaje que se supera con creces en esta licitación».
- Dentro de los criterios de adjudicación se otorgan 20 puntos a una bolsa de horas de trabajo gratuitas.
«Estas bolsas de horas son una de las formas que las empresas que no cumplen el convenio utilizan como ventaja o competencia desleal al no valorarlas e incluirlas en su presupuesto. Además este criterio de incluir estas bolsas de horas gratuitas en los concursos, aunque totalmente legal, es un elemento distorsionador por lo que desde el Observatorio Sectorial de Seguridad Privada se ha sugerido reiteradamente su eliminación».
- La empresa que presta servicios actualmente en este servicio es la empresa SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, una empresa vinculada a SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA y al Sr. Miguel Ángel Ramírez, estando esta empresa en la actualidad está en concurso voluntario de acreedores, motivo por el cual no podría participar en este concurso.
- Esta empresa ademas tiene una deuda desconocida contraída con los trabajadores y la Seguridad Social.
- El beneficio industrial está estimado en un 6%, siendo esta cantidad insuficiente para muchas empresas del sector, sobre todo las que abonan el salario a sus trabajadores conforme al convenio colectivo sectorial. Entendemos nosotros que dentro de este 6% de beneficio estarían incluidas otras cantidades correspondientes a absentismo laboral, uniformidad, formación, exámenes médicos, etc. Que no han sido contemplados en los costes y que bajaría de forma notable este beneficio.
ACCIONES
La FTSP-USO Canarias tenía concertada durante la mañana de ayer una reunión en la que fuimos atendidos por dos técnicos de contratación que si bien trataron con la delegación de la FTSP-USO los aspectos técnicos y errores advertidos por nuestra federación para confirmar su disposición para resolverlos, nos advirtieron que la situación de la concursada SVS y de las consecuencias que sufrirán los trabajadores dependientes de las misma en sus instalaciones es algo que ellos como técnicos no pueden resolver, y que solo lo ven a través de una decisión política.
La delegación de la FTSP-USO informó de que las empresas de seguridad están exigiendo que las Administraciones Públicas incluyan cláusulas en los pliegos de condiciones donde se consigne alguna cantidad para que las mismas puedan hacer frente a las deudas que dejan las empresas salientes, informandonos estos técnicos que en Canarias esta solución no es posible ¿?.
Un ejemplo al respecto puede ser el de la Agencia Tributaria de A Coruña que ha consignado una partida adicional de 350.000 Euros para abonar estas deudas.
CONCLUSIONES
Este hecho conocido por todos dificulta que las empresas del sector se puedan presentar al concurso debido a que tienen la obligación de asumir las deudas contraídas por la anterior empresa y que repetirnos son desconocidas por las empresas e incluso por la Administración licitante.
Según se nos informó en esta reunión la solución que observan sería la de renovar seis meses a la actual prestataria del servicio mientras se resuelven tanto las anomalías del concurso denunciado por la FTSP-USO como para la rescisión del contrato con SVS.
De suceder lo que nos anunciaron en la reunión, lo más probable es que el concurso quede desierto como estamos viendo cada día en otros servicios y comunidades y los trabajadores se vean avocados a sufrir una penuria económica de meses cuando no el paro.