Miguel Ángel Ramírez incumple la condición legal para recibir el Indulto.

El pasado lunes, la organización Ecologistas en Acción hacía público que ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el indulto concedido al empresario canario Miguel Ángel Ramírez, condenado por construir en un paraje natural protegido, por entender que esta medida está “totalmente injustificada”.

Como se recordará, en el 2010 el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas condenaba a Ramírez –  dueño del Grupo Ralons y de Seguridad Integral Canaria–  a tres años y un día de cárcel  y a pagar una multa de 43.260 euros por un flagrante delito contra la ordenación del territorio.  Ignorando a conciencia la legislación medioambiental el presidente de la U.D. Las Palmas había “extendido” su finca La Milagrosa invadiendo elespacio protegido de Pino Santo, en Teror (Gran Canaria).

En noviembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado recogía el indulto concedió al al empresario grancanario que, según la documentación destapada a raíz del Caso Bárcenas,fue uno de los principales financistas del Partido Popular entre los años 2010 y 2011.

A través  de un comunicado, la organización ecologista ha denunciado que el indulto deMiguel Ángel Ramírez se produce en un momento de “permisividad ante delitos medioambientales y urbanísticos”.

Los ambientalistas critican, además,  que el Gobierno “condicionara la efectividad del indulto a que el empresario grancanario, presidente de la UD Las Palmas, derribe las obras que realizó ilegalmente, cuando eso es algo a lo que ya estaba obligado por la misma sentencia que lo declaró culpable de un delito contra la ordenación del territorio”.

La realidad es, sin embargo, que ni la sentencia  del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas ni el hecho de que, efectivamente, el Código Penal establezca que para beneficiarse del indulto deber proceder al derribo solicitado, han inquietado lo más mínimo al bien relacionado empresario. Unos tres años después de que el tribunal le conminara a hacerlo, y dos meses después de recibir el agradecido perdón del Ejecutivo Rajoy, Ramírez continúa sin mover ni una sola piedra de su obra ilegal. Y no parece que tenga ninguna intención de hacerlo.

Hace escasas fechas, la magistrada titular del juzgado responsable del caso recordaba al propietario de Seguridad Integral Canaria que “no ha cumplido los requisitos establecidos en el artículo 80 del CP” para beneficiarse de la “suspensión de la pena”. La juez, sin embargo, en contra del criterio de la Fiscalía de Medio Ambiente, ha decidido “aplazar” su decisión al respecto hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso presentado por Ramírezpara intentar revisar su condena. La defensa del empresario, por su parte, pretende que el Supremo anule definitivamente la sentencia y le permita “legalizar” las obras. Un desenlace que, a tenor de las buenas relaciones de Miguel Ángel Ramírez, no se puede considerar en absoluto improbable.

Mientras espera, sin duda con absoluta tranquilidad, la decisión del alto tribunal,  Ramírezseguirá beneficiándose del indulto gubernamental sin tener que cumplir con la establecida obligación de satisfacer la responsabilidad civil por el delito cometido. Y eso que, según el monarca español “irresponsable” por obra y gracia de la Constitución del 78, en este país “la ley es igual para todos”.   

Fuente: canarias-semanal.org

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