La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO de Canarias (FTSP-USO Canarias) presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Conflicto Colectivo tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Tenerife.
Ya que en los Centros de Acogida de Migrantes en Canarias, las empresas entrantes adjudicatarias de la seguridad privada en los mismos, tanto CENPOL como ALCOR, incumplen la legalidad vigente, pisoteando los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores al no aplicar el derecho a subrogación de los mismos.
Los Centros son:
- En Las Palmas: CENPOL ‘Canarias 50’, trabajadores afectados 31.
- En Fuerteventura: ALCOR, ‘El Matorral’, trabajadores afectados 16.
- En Tenerife dos centros: ALCOR, Las Raíces y Las Canteras con 22 trabajadores afectados
Que la totalidad de los trabajadores afectados «69», tanto porque su fecha de antigüedad en el servicio es superior a los siete meses anteriores al cambio de empresa, o bien porque la antigüedad en el servicio y en la empresa son coincidentes, tendrían que haber sido subrogados tanto por CENPOL Seguridad, como por ALCOR Seguridad.
Otro de los hechos denunciados es el de uno de sus trabajadores despedidos que tiene suscrito un ‘Contrato de trabajo presuntamente fraudulento’, toda vez que su objeto no se ajusta a la realidad de los trabajos realizados.
Al no haber sido subrogados, nos hallamos ante un despido de sesenta y nueve trabajadores, superándose el umbral fijado en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores como límite numérico máximo para los despidos individuales.
Que en ningún caso han sido iniciados los trámites previstos para proceder a un despido colectivo como el que denunciamos, por lo que la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO Canarias (FTSP-USO Canarias) ha interpuesto esta demanda y espera que una vez se pronuncie la autoridad laboral pertinente, esta sea favorable y que se restituya a estos 69 trabajadores en sus derechos laborales.
En el fondo de esta contratación, tenemos a TRAGSA, que una vez más demuestra que la suerte de los trabajadores de seguridad que prestan servicio en las instalaciones dependientes de su gestión, les importan muy poco o nada.
Una de las condiciones especiales de ejecución del contrato es el que «La empresa debe garantizar el cumplimiento del convenio colectivo estatal de empresa de seguridad» lo que claramente se incumple en lo aquí denunciado. Claro está que si en el pliego de cláusulas administrativas del concurso aparece que ‘en caso de incumplimiento’. La empresa adjudicataria sufrirá una penalización del 2% del importe total de adjudicación. Todo apunta a que un incumplimiento por parte de las adjudicatarias les puede salir rentable.