Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, solicitando al consistorio que revise los contratos con algunas empresas privadas.

Jose Ramon Rodriguez Perez, Secretario General de la USO Canarias, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, habla de Seguridad Integral Canaria.

Uno de los medios asistentes RTVE en Canarias En las noticias de la 1ª, se hace eco de la misma.

Solicitan al consistorio que revise los contratos con algunas empresas privadas.

Diversas plataformas sociales pidieron ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que “revise” los contratos vigentes con empresas privadas en las que se han detectado “notorias irregularidades”, y que paralice las licitaciones en curso previstas para este ejercicio, al objeto de incluir en los pliegos de condiciones “cláusulas” de buenas prácticas laborales, de calidad del servicio y de respeto a los trabajadores, entre otros aspectos.

Eloy Cuadra, portavoz de la Plataforma por la Dignidad, hizo referencia a casos concretos como el de la empresa que sirve el cáterin del albergue, con varias denuncias en otros puntos de España, Urbaser y Seguridad Integral Canaria.

De Urbaser, José Luis Guzmán, de la Plataforma 29-E, dijo que existen “bastantes” denuncias públicas sobre el incumplimiento de la legislación en materia de riesgos laborales, y remarcó que “todas la bajas” que se producen por este motivo “las pagamos todos”.

Por su parte, José Ramón Rodríguez, secretario general de USO-Canarias, denunció la precariedad laboral de los vigilantes de Seguridad Integral Canaria que prestan su servicio en las dependencias municipales (son 40 en total), que cobran desde 2013 de manera irregular. Una situación, aseguró, que ha llevado a muchos a vivir de los bancos de alimentos. “El ayuntamiento es cómplice pasivo de la situación”, dijo Rodríguez.

Pedro Arcila, portavoz de Sí se Puede, llevará al pleno de mañana una moción sobre la situación de los trabajadores de la citada empresa de seguridad.

Sobre estos asuntos, el concejal de Hacienda y Recursos Humanos de Santa Cruz, Juan José Martínez, dijo que se va a “estudiar” la posibilidad de introducir más cláusulas sociales en los pliegos de los contratos, tal y como plantean las plataformas, pero remarcó que todas las adjudicatarias del ayuntamiento “deben cumplir” con la legalidad para poder cobrar.

También avanzó que ha hablado con los vigilantes de seguridad para interesarse por su situación y ha dirigido una carta a la empresa “instando” a que tome las medidas necesarias para que cumpla con sus obligaciones con los empleados.

Fuentes: 

Pedro Fernández Arcila (i) y José Ramón Rodríguez, ayer, durante la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santa CruzEl 75% de la plantilla de Seguridad Integral en la capital cobra con retraso.

Una treintena de trabajadores de los 40 que conforman la plantilla de Seguridad Integral Canariaen el Ayuntamiento de Santa Cruz, sufren “de forma sistemática”, retrasos en el cobro de sunómina, que en algunos casos llega a abonarse sobrepasada la primera quincena del mes. Ayer, Sí se puede, junto al sindicato USO-Canarias, hicieron pública esta denuncia sobre los problemas que los trabajadores vienen sufriendo desde que la empresa se hiciera cargo de la vigilancia de las sedes municipales en 2013. Fruto de esta denuncia es la moción que Pedro Fernández Arcila presentará mañana en el Pleno, en la que solicitará que el Ayuntamiento interceda, como concesionario, para que exija el cese de en la vulneración de este derecho básico. Además, la formación pide que proceda a sancionar a la entidad de acuerdo al pliego de condiciones del contrato.

Según explicó el Secretario de USO-Canarias, sindicato mayoritario en Seguridad Integral Canaria, José Ramón Rodríguez, esta situación ha sido denunciada ante la Inspección General de Trabajo, desde donde se ha reconocido el “riesgo psicosocial” que sufren estos trabajadores. El citado órgano ha dado dos meses de plazo a la empresa para que evalúe los daños que esta irregularidad entraña y subsanarla. Añadió Rodríguez que tiene constancia de que algunos trabajadores se han visto obligados a recurrir a los servicios sociales ante la falta de pago de sus nóminas y afirmó que los que más afectados son los que se han mostrado más comprometidos con el sindicato.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Recursos Humanos, Juan José Martínez, salía al paso de esta denuncia asegurando, en primer lugar, que todas las empresas concesionarias en Santa Cruz cumplen con la ley de contratos del Estado para, a continuación, confirmar que se ha puesto en contacto personalmente con algunos trabajadores de Seguridad Integral para conocer de primera mano su situación. Según Martínez, “me han constatado los retrasos aunque matizaron que no se debe ninguna mensualidad”. El edil afirmó que se ha dirigido por carta a la empresa para que solvente esta situación y pague la nómina entre el 1 y el 5 de cada mes como establece el Estatuto de los Trabajadores.

Eloy Cuadra (Plataforma por la Dignidad) y José Luis Guzmán (Plataforma 29-E), denunciaron que son muchas las empresas concesionarias que vulneran los derechos de su trabajadores. Hicieron especial referencia a la adjudicataria del comedor del albergue, que despidió a una trabajadora por coger pan y queso, y a Urbaser, de la que, dicen, no cumple con la protección de riesgos laborales.

Petición para que se suspendan todas las licitaciones de servicios públicos
Las plataformas por la Dignidad, 29-E y Viera y Clavijo, presentaron ayer un escrito en el que solicitan la paralización de las licitaciones de servicios públicos en marcha, 13 este año, hasta que se trasponga la directiva europea que afecta a la contratación pública, que permite la intervención de los licitadores públicos, antes y después de haberse adjudicado el servicio,y que está vigente desde hace un mes. El Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar la solicitud presentada.

Fuente: 

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