Seguridad Integral Canaria en el ojo del huracán.

Saur Internacional denuncia a dos consejeros de Emalsa por desviar fondos

La multinacional francesa, copropietaria de la empresa de agua, acusa a su directivo José Luis Rubio y a Pablo Abril Martorell, de Valoriza, de pagar 2,8 millones por un edificio que vale 950.000 euros

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La empresa Saur Internacional ha presentado una denuncia en un tribunal francés contra dos consejeros de Emalsa por presunta malversación y conspiración financiera. Ambos habrían firmado una opción de compra de 2,8 millones para adquirir un edificio en la capital Gran Canaria que dos empresas tasadoras valoran en 800.000 y 950.000 euros, respectivamente.

La corporación gala se sienta en el Consejo de Administración de la empresa de aguas de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su filial española Gestagua, con un 33% de las acciones; al igual que Valoriza, o lo que es lo mismo Sacyr Vallehermoso, con otro 33%; y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un 34%.

Se da la circunstancia de que uno de los denunciados es José Luis Rubio Díaz de Tudanca, representante de la propia Saur Internacional en el Consejo de Emalsa. El otro es Pablo Abril Martorell, de Valoriza, también con asiento en la dirección de la empresa de aguas.

La denuncia formulada por el abogado Jean-Pierre Versini-Campinchi ha pasado a la Audiencia Nacional. Está previsto que hoy se establezca el calendario de citaciones a los implicados en el caso, que deberán declarar en los jugados más próximos a sus domicilios.

El 15 de enero de 2010, Rubio y Abril Martorell firman un contrato privado para la compra de un inmueble de 2.500 metros cuadrados, propiedad de Seguridad Integral Canaria, situado en el Polígono los Tarahales, por un precio de 5,360 millones.

La operación incluye una opción de compra por la mitad del montante total, es decir, por 2,680 millones euros, que debían pagarse “nunca más tarde del 15 de junio de 2010”. El resto, siempre según el abogado, debía abonarse como muy tarde el 15 de enero de 2011.

Los 2,814 millones de la opción de compra se transfirieron en días consecutivos, el 21 y el 22 de abril de 2010, por valores de 1,316 millones y 1,394 millones, respectivamente.

Las transferencias se hacen, la primera, desde Emalsa a la cuenta de la empresa Sercanarias, participada en un 50% por Saur Internacional y en otro 50% por Sacyr Vallehermoso, a través de sus filiales Gestagua y Valoriza, respectivamente. Para la segunda, el dinero sale directamente de Saur Internacional a Sercanarias. Según explica el abogado Versini-Campinchi, el mismo día 22 de abril, Sercanarias, con las firmas de ambos directivos, extiende un cheque en beneficio de Seguridad Integral Canaria, por los 2,814 millones de euros. La diferencia entre ambas cifras deviene del pago del 5% del IGIC.

El edificio iba a servir de sede social y centro administrativo de Sercanarias. Según el letrado galo, la compra no se llegó a ejecutar en el plazo estipulado (15 de enero de 2011), por lo que Emalsa pierde el capital que había comprometido.

La propia denuncia habla de la posible existencia de un documento que estipula la prolongación del plazo de pago hasta el 16 de enero de 2016. En este caso, el precio de la opción de compra iría disminuyendo su valor durante cinco anualidades, hasta llegar a cero, de manera que pasado ese plazo, se tendría que abonar el total, 5,360 millones, sin que contara el dinero adelantado. El abogado interpreta esta última condición como una manera de explicar la salida del capital en los libros de cuentas.

Saur Internacional se dio cuenta de que algo no cuadraba y encargó dos tasaciones del inmueble. Los precios de mercado de esos informes distan mucho de los 5,360 millones. Según esos dos tasadores, el valor real estaría entre 800.000 y los 950.000 euros. La operación, según el letrado francés, “va en contra de los intereses de los fondos de Saur Internacional”. Y añade que la multinacional ignora cuál fue el destino final de estos fondos. La empresa francesa considera que Rubio y Abril Martorell han cometido delitos de “abuso de bienes sociales”, “banda organizada” y “asociación de malhechores”, según consta en el texto de la denuncia. El abogado Jean-Pierre Versini-Campinchi adjunta facturas, extractos de cuentas, contratos e informes que avalan su denuncia.

La operación de compra se llevó a cabo durante la presidencia de Jerónimo Saavedra de la empresa mixta de aguas ,y la denuncia tiene fecha de 2 de marzo de 2012, ya con Juan José Cardona al frente de la sociedad.

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