Podemos no cumple con la regeneración

podemos  IIDOS DE los pilares que han sustentado el discurso rupturista de Podemos desde su eclosión en el panorama político han sido la regeneración democrática y el fin de los privilegios de lo que Pablo Iglesias y los suyos tachan despectivamente de “casta”. Un partido que fija un listón tan elevado en materia de transparencia tiene la obligación de ser implacable con cualquier atisbo de corrupción o de práctica irregular que pueda surgir en su seno. Sin embargo, los hechos han demostrado hasta ahora que la praxis de Podemos concuerda poco con su prédica, dada su renuencia a actuar contra losgarbanzos negros de su organización, la falta de asunción de responsabilidades de la dirección y el empecinamiento de sus líderes en escudarse en inexistentes campañas de acoso y derribo. Tales subterfugios igualan a la formación morada con los peores vicios de la vieja política, justo lo contrario del mantra habitual de un partido asaeteado también por las divisiones internas.

La cúpula de Podemos no fue clara ni se empleó con contundencia en el escándalo de Juan Carlos Monedero con relación a los pagos que recibió del Gobierno venezolano de Hugo Chávez. Tampoco lo hizo después de destaparse los cobros que la Fundación CEPS -ligada a los líderes bolivarianos de Venezuela, Ecuador y Bolivia- abonó a varios de sus dirigentes. Y la retórica engolada de Iglesias sobre la ética democrática se desinfla a la hora de censurar el enchufismo en algunos de los ayuntamientos que gobierna Podemos, como Madrid o Barcelona. La tibieza es tal que ni siquiera la dirección morada ha sido capaz de actuar con firmeza contra la edil de su partido en el Ayuntamiento de Alicante que, recientemente, admitió que había contratado “a dedo” a sus amigos.

Pero el episodio en el que Podemos aún tiene que dar muchas explicaciones es el que protagoniza Victoria Rosell. EL MUNDO reveló en diciembre pasado la investigación abierta por la Fiscalía de esta provincia por entender que la juez y diputada por Las Palmas podría haber cometido una infracción disciplinaria muy grave al no haber abandonado la instrucción de un caso en el que está imputado el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por la firma de un contrato con la pareja de la magistrada, Carlos Sosa. Éste cobró 300.000 euros del empresario después de venderle una emisora radiofónica apenas tres días después de la presentación de Rosell como ministra de Justicia de Podemos. El Consejo General del Poder Judicial archivó la investigación a la juez por falta de datos que permitan sostener la existencia de interés directo en la causa penal por parte de Rosell. Sin embargo, las novedades que aportamos hoy desmontan la coartada de la diputada de Podemos, quien siempre sostuvo que no hubo coincidencia temporal entre la negociación entre Ramírez y Sosa, y su candidatura. La declaración ante el juez del presidente de la UD Las Palmas acredita que no sólo existía relación entre ambos en ese momento, sino que ésta se prolongó desde 2000 hasta ahora.

Independientemente del pronunciamiento final del Poder Judicial, la gravedad de los delitos -el juez impuso una fianza de 35 millones de euros al investigado- exige a Podemos que disipe todas las sombras de sospecha sobre la actuación de Rosell, convertida en una de sus principales dirigentes. Si esto no ocurre,Pablo Iglesias habrá desperdiciado otra ocasión para hacer creíble su manido alegato de la regeneración.

Fuente: elmundo.es

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