“Conociendo al personaje, sospechamos que algo se esconde detrás de esta decisión”, afirma Basilio Febles, en referencia al empresario Miguel Ángel Ramírez, conocido como “el rey de la seguridad”.
SB-Noticias.- Basilio Febles, Secretario General de FTSP-USO, explicó en Radio San Borondón que se toman con tranquilidad y responsabilidad la decisión de Seguridad Integral Canaria de cesar su actividad, porque entienden que a partir de ahora tienen una labor importante para vigilar un proceso que no acaban de comprender.
Febles denuncia asimismo las prácticas antisindicales de esta empresa, al no permitir el acceso de los representantes sindicales de USO e Intersindical Canaria este miércoles, a la reunión que mantuvieron la empresa y el comité, alegando que no tenían representatividad suficiente. Considera el representante sindical que impedir la entrada a sindicatos que tienen representatividad y a los delegados sindicales es coartar la libertad de éstos para estar informados y defender los derechos de los trabajadores.
“Entiendo que somos incómodos y que para las empresas a raíz de la reforma laboral, les es mucho mas cómodo tener comités de empresa afines, prescindir de los sindicatos, crear listas independientes y negociar con una o dos personas que contar con todos los sindicatos , pero nosotros no podemos permitirlo y continuaremos denunciándolo”.
Una empresa abocada al cierre
Insiste Basilio Febles en que, desde hace años, vienen advirtiendo que este modelo de política empresarial practicada por Ramírez le iba a abocar al cierre.
Una práctica habitual que consiste en abaratar las ofertas económicas por debajo incluso de lo razonable y lo permitido, para ganar los concursos públicos, y este coste repercutirlo en los salarios de los trabajadores haciendo la empresa inviable.
Y es lo que ha venido ocurriendo en seguridad Integral Canaria, que no está pagando a sus trabajadores: “este señor -añade- ha estado esquilmando a los trabajadores durante años tres millones setecientos mil euros, tal como él mismo ha reconocido, que ahora tiene que abonarles, de nada le ha servido no pagarles pues ahora tienen esta deuda contraída que no tiene dinero para pagar”.
Mensaje a las instituciones públicas
El representante de USO responsabiliza, también, a las autoridades públicas que -asegura- son conscientes de esta situación y sin embargo han mirado para otro lado a la hora de adjudicar concurso tras concurso a Seguridad Integral Canaria, en base a esta artimaña.
Asimismo plantea que Seguridad Integral Canaria ha venido prestando sus servicios a la mayor parte de instituciones del archipiélago, especialmente al Gobierno de Canarias, y por ello pregunta al Gobierno qué va a hacer ahora, a quién y cómo va a traspasar la seguridad de sus instalaciones.
“Aquí hay algo raro”
Desde el sindicato USO no entienden las explicaciones públicas dadas por el empresario, que incluso en un primer momento llegó a desmentir la noticia.
Febles es contundente cuando afirma que “aquí tiene que haber algo mas, que no conocemos y estamos investigando pues no nos fiamos”.
Recuerda la denuncia que le plantearon al empresario por fraude a la Seguridad Social y sospecha que la decisión de cesar en su actividad puede tener que ver con los contundentes informes de Hacienda y la Seguridad Social “Creo que hay algo aquí que no es tal como nos lo cuentan y conociendo al personaje, tenemos que dudar”.
Recordemos que el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, empresario que llegó a ser indultado por el Gobierno del PP, acumula un fraude al Estado de casi 21 millones. Según Hacienda, Ramírez camufló las horas extras de sus empleados como dietas eludiendo su retención fiscal. Ofrecía el mejor precio, pero había trampa: ahorraba en salarios pagándolos como dietas, que están exentas de tributar y cotizar.
Un informe de la Inspección de Trabajo llegado al Juzgado de Las Palmas donde se investigaba a Ramírez por fraude fiscal y a la Seguridad Social -después de una denuncia de la acusación que ejerce el sindicato USO- certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a las de 2008 (480.000 euros). Los inspectores denuncian las contradicciones «muy numerosas y evidentes» en los datos aportados por Ramírez, «lo que confirma el ánimo defraudatorio y el dolo».
Mensaje tranquilizador
Finalmente, Basilio Febles insiste en que la labor de los sindicatos a partir de ahora es defender los derechos de los 3.700 trabajadores, y garantizar el traspaso de sus puestos de trabajo en unas condiciones dignas así como el pago de la deuda contraída.
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