EL PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS SE MUEVE PARA LOGRAR SU INDULTO

“Miguel Ángel Ramírez es el prototipo del empresario dictador”. Con esta contundencia se refería Juan Agustín Díaz, del sindicato USO, al dueño de Seguridad Integral Canaria, el pasado 11 de febrero, durante una concentración celebrada ante las puertas del Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para protestar contra“los abusos sistemáticos, despidos y sanciones” que – según sus trabajadores – se vienen cometiendo desde hace años en esta empresa.

Pero Ramírez, que en efecto ha recibido reiteradas denuncias de sus empleados y de diferentes sindicatos por sobreexplotación, vulneración de derechos laborales y la presunta comisión de otros delitos, puede considerarse también, justamente, como el prototipo del empresario que ha sabido medrar cultivando las mejores relaciones entre la casta política del Archipiélago. Utilizando hábilmente las posibilidades que se abrieron en su horizonte al convertirse en presidente de la U.D. Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez no solo ha superado sin ninguna consecuencia denuncias tales como las de vulnerar la Ley de Seguridad Privada, quebrantar la legislación laboral o la de cometer presuntos fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Además, Seguridad Integral Canaria se ha hecho con la mayor parte de los contratos suscritos por la Administración. Desde el servicio de escoltas del Ejecutivo Regional a la seguridad de los Juzgados de Las Palmas o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Incluso más allá de las fronteras del Archipiélago, la compañía de Ramírez custodia el monumento franquista del Valle de los Caídos y el mismísimo Escorial.

UNA CONSTRUCCIÓN EN ZONA PROTEGIDA REALIZADA DE FORMA DOLOSA

Posiblemente fuera la justificada sensación de impunidad que esta posición social le ha llegado a conferir, la que animó al presidente de La U.D. Palmas a pasarse por salva sea la parte la legislación medioambiental, invadiendo a conciencia un terreno rústico con una construcción ilegal en su finca de más de 30.000 cuadrados. En este caso, no obstante, la infracción fue tan flagrante que en el 2010 el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas condenó a Ramírez a tres años y un día de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la construcción, una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y el derribo del muro ilegal, levantado en la zona de especial protección del Paisaje de Pino Santo.

Ramírez recurrió la sentencia, pero la Audiencia Provincial la ratificó —con un voto particular que pedía la disminución de la pena—. El empresario, huelga decirlo, no ha entrado en prisión. Ya con la sentencia firme decidió pedir un indulto al Gobierno, logrando que el fiscal encargado del caso, Javier Ródenas, suspendiera la consecución de la pena hasta que el consejo de ministros se pronunciara al respecto

PATROCINANDO CHARLAS JURÍDICAS SOBRE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Tres años después de la primera condena en su contra por la construcción en suelo protegido, Miguel Ángel Ramírez continúa sin mover de la misma un solo ladrillo. No ha procedido a la demolición de lo ilegalmente ejecutado. Ramírez, en cambio, sí ha querido lavar la imagen de su grupo empresarial, Ralons, – el que también promovió la obra en su finca -patrocinando charlas sobre Medio Ambiente y Urbanismo.

Este mismo sábado, el diario El País sacaba a la luz que el empresario había copatrocinado unas jornadas jurídicas con esta temática, en junio de 2012, dirigidas por el fiscal Decano de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas Javier Ródenas. El mismo que lograba su condena en 2010 y debía elaborar un informe sobre su petición de indulto. Sea como fuere, solo un día después la prensa local de grancanaria reportaba que Ródenas había informado en contra de la concesión del indulto “total” o “parcial” aMiguel Ángel Ramírez.

Entre otras razones, el fiscal justifica su decisión recordando que el presidente de la UD Las Palmas no ha derribado en este tiempo la construcción ilegal ni ha procedido a reparar el daño cometido. La defensa del empresario, por su parte, sustenta su petición de indulto en la falta de antecedentes penales de Ramírez y en su supuesta “buena conducta social”, y asegura que ya “ha presentado el correspondiente proyecto de demolición”.

Pero ni el dictamen del Ministerio Público ni la decisión de la juez son vinculantes para otorgar el indulto. Es el Consejo de Ministros el que tiene plena discrecionalidad para aplicar una medida de gracia de la que, de acuerdo a los antecedentes, muy bien podría acabar beneficiándose Miguel Ángel Ramírez. Y es que, tanto los anteriores ejecutivos como el actual Gobierno ultraconservador del Partido Popular, han demostrado reiteradamente sentir una especial “compasión” hacia banqueros, empresarios y políticos condenados por corrupción.

Fuente: www.canarias-semanal.org

 

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