Botella se la devuelve a Cifuentes: Carga a la Policía Nacional la tragedia del Arena

¿Quién garantizaba la seguridad de los miles de jóvenes que se reunieron la noche de Hallowen en el Madrid Arena? Se abre una nueva batalla en la guerra por quién tuvo la culpa de que cinco adolescentes murieran aplastadas en Madrid la noche de Halloween en un recinto de titularidad pública tras una avalancha mortal, posiblemente porque el aforo de la sala estaba “sobradamente sobrepasado“, como atestiguó el atestado policial.

Casi siete meses después del trágico suceso, la exconcejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Fátima Núñez, ha declarado ante el juez instructor del caso,Eduardo López-Palop, que era la Policía Nacional, dependiente de la Delegación del Gobierno, a quien le correspondía controlar las alteraciones de orden público que se produjeran tanto en el interior como en el exterior del recinto. Su única facultad el día de autos era ser “el órgano político de la Seguridad y las Emergencias”, pero en ningún momento tenía que intervenir en la puesta en marcha de sendos dispositivos, según la versión que ha mantenido en el Juzgado.

Hace dos semanas, la responsable de la Policía Municipal del distrito de Moncloa y encargada del dispositivo del Madrid Arena, Cándida Jiménez, manifestó ante el mismo juez que nunca recibió la orden de cambio de nivel de riesgo, tal y como manifestó el inspector jefe de la Policía municipal, Emilio Monteagudo, volviendo a recaer todas las miradas sobre la supuesta mala praxis de aquella noche al área de Seguridad del ayuntamiento de Madrid.

La ex número dos de Antonio de Guindos se ha mantenido al margen de la tragedia durante las tres horas que ha estado sentada ante el juez esta mañana. Núñez insistió varias veces, según la declaración de uno de los abogados de las víctimas, que aquella fiesta de Halloween era “privada”, por lo que tenía su propio servicio de seguridad y sanitario. Además, hizo hincapié en que ella solo tenía conocimiento de las órdenes y su única actuación era afirmar el “recibí”. Dos de los abogados de las acusaciones particulares han abandonado la sala como medida de protesta ante “el mitin político” y “la falta de coherencia” que estaba ofreciendo Núñez en su declaración, lo que han considerado “una falta de respeto”.

Luis Rodríguez Ramos, el abogado que defiende al ayuntamiento de Madrid, asegura que Núñez “asume su facultad de ser el órgano político de la seguridad y de las emergencias”, pero ha volcado todo tipo de responsabilidad a la Policía y al Samur. “Ella no tiene que intervenir en los dispositivos. Un órgano político tiene la función de transmitir las directrices de un programa electoral que se convierte en un programa de gobierno”, ha especificado a las puertas del Juzgado.

Nadie tiene potestad en la seguridad

Las primeras investigaciones sobre la Thriller Music Park, la fiesta de Halloweenorganizada por la empresa Diviertt S.L. indicaban que la avalancha humana que provocó la muerte de cuatro jóvenes la pudo producir un exceso de aforo. Pero todos los implicados siguen mirando hacia otro lado: el organizador (Diviertt y los hermanos Flores), el dueño (el ayuntamiento de Madrid) y las empresas de seguridad contratadas (Seguriber –que dependía del consistorio- y Kontrol 34 –contratada por Diviertt).

A medida que se deshace la maraña de lo que ocurrió la noche de Ánimas en la Casa de Campo se evidencia que todos los implicados encadenaron fallos que desembocaron en la tragedia. Mientras se desmenuza lo sucedido, cada uno utiliza el argumento que más le conviene para intentar salir impunes del caso.

El primer episodio que intenta desenredar el juez es por qué nadie terminó con el macrobotellón de muchos de los jóvenes que se agolparon en los aledaños del Madrid Arena antes de que saliera la estrella de la noche, DJ Steve Aoki, prevista para las cuatro de la mañana. ¿Quién o quiénes eran los encargados de que no se produjera una entrada desordenada en tropel, o manda, o avalancha? Flores, elcerebro de la fiesta, señala a Seguriber. El propietario de Kontrol 34, Carlos Manzanares Rodríguez, también se lava las manos poniendo como excusa que sus 63 ‘controladores’ únicamente realizaban “labores auxiliares”. Dice que por ley no podían hacer ninguna labor de seguridad. La investigación policial los señala como los responsables de que entraran menores.

Diviertt dijo ante el juez que no contrató más vigilantes jurados porque para eso el ayuntamiento tenía a Seguriber, que únicamente destinó a cinco guardas al interior para vigilar las puertas de emergencia. Por contrato, no tenía otra misión.

Núñez es la primera del Ejecutivo local que escurre el bulto de la seguridad. Su exjefe, el ya dimitido Antonio de Guindos, responsabilizó a sus subordinados -incluida Núñez- de que fallara el dispositivo del Arena. Ahora, ella señala directamente a la Policía Nacional y al Samur, mientras estos devuelven la pelota al tejado del consistorio madrileño, propietario del recinto donde se celebró la fiesta. Nadie, de momento, asume ninguna responsabilidad. 

Fuente: el confidencial.

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