Agentes de seguridad privada duplican a los policías en la región

En los 16 países de América Latina de los que hay información disponible hay 1.460.179 oficiales de policía. El número de agentes de seguridad privada en esos mismos países asciende a 3.262.290, lo que representa un 223%.

Los datos provienen de una ponencia titulada “El Fenómeno actual de la Seguridad Privada en América Latina y su impacto sobre la Seguridad Pública”, realizada por José Gabriel Paz, director del Instituto de Geopolitica, Defensa y Seguridad de la Universidad del Salvador, Argentina. Fue presentada en el V Congreso Internacional: “Retos y Perspectivas de la Seguridad Pública”, que tuvo lugar en noviembre de 2012 en la Universidad de Guadalajara, México.

Las cifras que arroja son sorprendentes y podrían serlo todavía más, ya que apenas un bajo porcentaje de las empresas de seguridad está registrado, de modo que es probable que haya un número mayor de agentes privados.

El caso más impactante es el de Guatemala, donde los empleados de seguridad privada representan el 530% del total de policías. Son 120 mil agentes de empresas, contra 22.655 miembros de la fuerza pública.

Brasil no se queda atrás: los privados (1.675.415) son el 506% de los públicos (330.940).

En el extremo opuesto está Bolivia, donde los agentes de empresas (500) representan apenas el 1% de los policías (36.045). Junto a El Salvador y a Perú, son los únicos países en los que hay más oficiales públicos que privados.

Cuando el mercado cubre los espacios que deja el Estado

Resulta imposible en cualquier país del mundo que el Estado se haga cargo en todo momento de la seguridad absoluta de todas de las personas y bienes que hay en su territorio. Las razones son varias, empezando porque dispone de recursos humanos y económicos escasos, y porque las potenciales amenazas contra el bienestar general son infinitas y cambiantes.

A esto se suma un deterioro creciente de la calidad institucional en muchos países latinoamericanos. Entre las múltiples consecuencias de ese proceso, se destacan la ineficiencia de sus fuerzas de seguridad para resolver los complejos delitos que se cometen en la actualidad y, lo que es aún más preocupante, el avance de la corrupción en sus filas.

Esta situación, que se da en un contexto mundial en el que el mercado empieza a participar en cuestiones que antes resolvía exclusivamente el Estado, propició la aparición de empresas que proporcionan servicios de protección física y patrimonial de las personas e instituciones que las contraten.

En su informe, Paz diferencia dos tipos de compañías: las “Empresas de Seguridad Privada (ESP)” y las “Empresas Militares de Seguridad Privada (EMSP)”, que se distinguen por sus capacidades y ámbitos de acción.

Las ESP son “empresas habilitadas por la ley, contratadas por personas físicas, o personas jurídicas de carácter privado o público, con el fin de ejercer actividades de seguridad complementarias de la seguridad pública, sólo en lo concerniente a tareas de disuasión, protección de personas, resguardo de bienes, tratando de minimizar sus efectos en caso de que se produzcan”, según consigna Paz en su ponencia.

“En algún sentido tienen funciones semejantes a las fuerzas del orden público, brindando servicios tales como de seguridad física de personas, bienes y corporativa, protección, investigaciones, custodia de valores, vigilancia de áreas públicas, semipúblicas y privadas, espectáculos masivos, etc, contando en muchos casos con medios y tecnología mayores que las fuerzas públicas”, precisa.

Dentro de este universo se enmarca el grueso de los agentes presentados en los gráficos, que dan cuenta del impresionante avance de la seguridad privada por sobre la pública. Pero más allá de lo riesgoso que esto podría llegar a ser, lo más preocupante es algo que los gráficos no muestran: la ausencia de controles efectivos sobre ellas por parte del Estado.

A modo de ejemplo, Paz afirma que en México hay aproximadamente 8 mil ESP, de las cuales sólo el 8,2% está registrado, mientras que en Brasil hay entre 3 mil y 4 mil compañías que actúan sin registro.

“Esto permite numerosas irregularidades -dice en la ponencia- tales como empresas registradas que prestan servicios no declarados o ilegales, informalidad en las condiciones de contratación del personal, deficiencias en la selección e incorporación de personal no calificado para su tarea e incluso con antecedentes penales, empleo ilegal de armas y la participación en el mercado de empresas clandestinas, todo lo que en definitiva termina conformando un riesgo adicional a la seguridad de una comunidad”.

La amenaza de los ejércitos privados

A los riesgos asociados a las ESP hay que sumar los propios de las EMSP, que son potencialmente mayores.

“Son estructuras privadas de gran envergadura que ofrecen un amplio espectro de servicios, medios y milicias de carácter multinacional. Difieren de las anteriores en que sus prestaciones son de naturaleza militar, tales como protección armada de personas físicas, jurídicas o instalaciones en zonas sensibles o de conflicto, actividades de reconocimiento y vigilancia terrestre, marítimo, aeronáutico y satelital, resguardo de infraestructuras críticas y objetivos estratégicos, entrenamiento militar, logística e inteligencia, apoyo a actividades de combate, y un sinnúmero de otras operaciones vinculadas con el campo de lo militar”, explica Paz.

La principal función que desempeñan estas empresas en la región es el entrenamiento de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Uno de los países en los que tienen más presencia es Colombia, donde hay unas 20 empresas, que cuentan con cerca de 2 mil agentes.

Como están preparadas para desarrollar tareas esencialmente militares, su presencia es considerablemente mayor en países que se encuentran en conflicto. Por eso, si bien su aparición es previa, su existencia se hizo muy notoria en las guerras de Irak y Afganistán, donde Estados Unidos contrató a cientos de empresas y a miles de combatientes privados.

Sin embargo, a pesar de no ser tan frecuentes, hay antecedentes nefastos del accionar de las EMSP en la región. Colombia es el mejor ejemplo, ya que estas empresas estuvieron en el origen del paramilitarismo luego de que en 1994 el entonces presidente César Gaviria a prestar servicios de vigilancia a particulares, lo que desencadenó en la creación de más de 500 cooperativas de seguridad con aproximadamente 15 mil personas.

“En poco tiempo, algunas de ellas, en base a la obtención de recursos económicos provenientes de grandes empresas y ganaderos -que alentaron su crecimiento-, y contando con entrenamiento militar y material bélico, se expandieron hasta convertirse en una organización militar ilegal denominada Autodefensas Unidas de Colombia con importante responsabilidad en masacres, el desplazamiento forzado de miles de personas, apropiación de tierras y actividades de narcotráfico”, cuenta Paz.

En definitiva, la potencial amenaza que representan los dos tipos de empresas es que, ante la falta de regulación por parte del Estado, terminen debatiéndose entre asumir funciones que sólo le corresponden a las fuerzas públicas o volverse ejércitos al servicio de mafias.

Por eso, la clave para prevenir ambas cuestiones es que se desarrollen legislaciones claras y estrictas que regulen la actividad del sector, y que el Estado no deje a ninguna franja de la sociedad indefensa, ya que es eso lo que termina motivando que sea el sector privado el que ocupe el vacío.

“La seguridad privada no es autoridad pública ni puede ejercer su tarea como tal, no tiene por fin el perseguir el delito, no puede realizar requisas personales o de vehículos, no puede realizar detenciones ni allanamientos ni acciones de desalojo, ni ser un elemento de represión, sino que le cabe fundamentalmente dentro de su ámbito y en forma restrictiva la tarea preventiva de vigilancia, disuasión y alerta temprana”, concluye Paz.

Fuente: Infobae

 

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