FTSP-USO Canarias abre expediente disciplinario de expulsión al delegado de la USO en SEGURMAXIMO.
La Comisión Ejecutiva de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO de CANARIAS, FTSP-USO CANARIAS, ha iniciado la incoación de un expediente disciplinario de expulsión contra el representante legal de los trabajadores, ANTONIO FERNANDEZ DE LAS HERAS, por ir en contra de los criterios de este sindicato y tras votar en contra de la propuesta presentada por su compañera de la FTSP-USO, Rebeca Benítez donde proponía que no se apruebe ninguna prórroga del actual convenio de empresa, así como tampoco se apruebe ningún descuelgue que suponga una bajada de salarios y condiciones laborales inferiores a las establecidas en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada.
Antonio Fernández, apoyo en dicha reunión las propuestas de la empresa y de otros sindicatos, que suponen una disminución de salarios y de condiciones de trabajo a las contempladas en el Convenio Colectivo Sectorial, el posicionamiento que ha tenido Antonio Fernández, así como el resto de representantes de los trabajadores que han votado a favor de esas propuestas que es la de someter a muchos de los/as trabajadores/as de SEGURMAXIMO a salarios y condiciones laborales menores de las que Antonio Fernández disfrutará en su empresa.
Decimos que de forma sorpresiva Antonio Fernández ha votado en contra de la propuesta de su compañera de la FTSP-USO, porque este representante a dirigido varios escritos al Presidente del Comité de Empresa de SEGURMAXIMO instándole a celebrar una reunión para DENUNCIAR el Convenio Colectivo de la empresa. Asimismo es conocedor, ya que se presentó con su consentimiento, de la denuncia interpuesta por la FTSP-USO CANARIAS ante la Inspección de Trabajo de Santa Cruz de Tenerife al Presidente del Comité de Empresa, por la no convocatoria de estas reuniones solicitadas.
Desde la FTSP-USO Canarias queremos mostrar nuestro agradecimiento a Rebeca Benítez, por no anteponer sus intereses personales al de los/las trabajadores/as, por no firmar un descuelgue que suponga una bajada de salarios y condiciones laborales inferiores a las establecidas en el Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada.
