Finalizó el juicio por el presunto fraude a Hacienda y la Seguridad Social de la compañía Seguridad Integral Canaria y los que fueron sus administradores Miguel Ángel Ramírez y Héctor De Armas.
El miércoles, también se detuvo Ramírez en hablar de los orígenes, de por qué el sindicato USO ya le perseguía desde Madrid.
“Si no nos llegan a hacer esto, ahora mismo Seguridad Integral Canaria sería la primera o la segunda empresa de seguridad de España; entonces éramos la quinta”.
Y ese fue quizás el principal pecado que cometió por ambición Miguel Ángel Ramírez: pretender sentarse a la mesa de las poderosas compañías de seguridad del país, poseedoras de una enorme influencia tanto política como sindical.
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En el trámite de informes, las acusaciones insistieron en la presunta comisión de delitos por parte de los acusados, mientras que la defensa sustentaron sus planteamientos en que la instrucción era nula y que los informes de los técnicos no concretaron la posible capacidad defraudada, por lo tanto, no había posibilidad de ejercer acción penal alguna.
La fiscal rebaja de catorce a cinco años su petición de cárcel para el último administrador de SIC por su “confesión”.
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