El departamento que dirige Báñez contrata a una empresa de seguridad que paga un sueldo base de 660 euros y supera el mínimo legal por pluses.
“Ahora resulta que ser mileurista es un privilegio”, suspira Antonio, un nombre ficticio. Este vigilante de seguridad no se hace a la idea de que desde febrero los casi 1.100 euros netos que cobraba por vigilar un centro de atención al refugiado (CAR) bajan a algo más de 700 euros. “De repente tenemos que vivir con un 40% menos de sueldo, y resulta que quien nos contrata es el Ministerio de Empleo”, lamenta echándose las manos a la cabeza. Dos compañeros le escuchan en una cafetería de Madrid y cuentan los problemas que van a tener a partir de ahora para llegar a final de mes.
El Ministerio de Empleo, que tiene las competencias de Inmigración, ha adjudicado la vigilancia de los cuatro CAR que hay en España (dos en Madrid, uno en Valencia y otro en Sevilla) a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, conocida y temida en el sector por reventar los precios con su convenio colectivo. En él se reducen en más de un 90% los pluses de nocturnidad o festivos. El contrato, de un millón de euros con IVA, se suma a otros ocho que Empleo ha adjudicado en los últimos dos años y medio a empresas de seguridad low cost como Sinergias, según se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado.
La compañía que ha ganado el concurso debe subrogarse a los contratos laborales de los vigilantes que, hasta enero, trabajaban para el Grupo Control. Sinergias ya les ha anunciado por escrito que les aplicará sus condiciones laborales y no las del sector o de la adjudicataria anterior. La diferencia es grande: el sueldo base es de 660 euros, solo supera el salario mínimo (707 euros al mes sin pagas extras) por pluses como antigüedad o peligrosidad; el del sector en 2015 rebasaba por poco los 900 euros.
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Vigilantes de seguridad de centros de acogida públicos denuncian que cobran hasta un 40% menos: «Hacemos el mismo trabajo por mucho menos dinero».
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