CSIF interpondrá denuncias sobre las irregularidades en la Policía de Cartaya y pide la dimisión del alcalde.
El sindicato ha alertado, además, del proceso de privatización de la seguridad que está llevando a cabo el equipo de gobierno de la localidad, que estaría usando a agentes de seguridad privada para desempeñar funciones propias de la Policía Local.
El sindicato CSIF ha anunciado en rueda de prensa una batería de denuncias, que actualmente están en trámite a través de su asesoría jurídica, sobre las irregularidades y deficiencias del colectivo de la Policía Local de Cartaya. La Central Sindical ha alertado de la gravedad de la situación ya que “de forma sistemática” se está incumpliendo la legalidad en materia de seguridad ciudadana. En ese sentido, ha subrayado que a día de hoy las armas no han pasado la revisión preceptiva y, en los casos en los que está haciendo, únicamente se sella la documentación oficial sin comprobar previamente el estado del armamento de los agentes. Unas armas que, además, se depositan en buzones ordinarios ya que el edificio donde se ubica la Jefatura de la Policía no cuenta con armeros. Todo ello se va a denunciar ante la Subdelegación del Gobierno y la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
Otra de las deficiencias más notorias que dificulta el trabajo de la Policía Local, según ha indicado el delegado de CSIF en el Ayuntamiento de Cartaya, Juan Damián Delgado, es la falta de vehículos oficiales. El único disponible para la plantilla no cuenta con el equipamiento básico -extintor, botiquín, linternas, chalecos antibalas- y actualmente está pendiente de pasar la ITV después de las reiteradas denuncias de la Central Sindical. Por ese motivo, los agentes tienes que patrullar actualmente con coches de sustitución con los que no pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Tal y como ha explicado Delgado, este fin de semana han tenido que intervenir en la búsqueda de una persona y en el incendio de una vivienda acudiendo con un vehículo utilitario “que tuvimos que empujar en determinadas zonas mientras se prestaba el servicio”. CSIF entregará ante la Jefatura Provincial de Tráfico toda la información al respecto.
A todo ello se suma, además, la precariedad en los medios técnicos y la uniformidad de la Policía Local. En este sentido, CSIF puntualiza que la totalidad de los agentes carece de acreditación profesional que es fundamental para certificar el permiso de uso de las armas. De igual forma, hace varios años que no se renueva la uniformidad y no se realiza el reconocimiento médico obligatorio. De hecho, Juan Damián Delgado ha llegado a preguntarse “si se podría haber evitado el ictus que sufrió un compañero hace unas semanas”, anunciando que todas estas circunstancias se llevarán ante la Subdelegación del Gobierno y la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.
En cuanto a recursos humanos, CSIF explica que la plantilla está compuesta por 30 agentes, menos de la mitad de efectivos con los que cuentan otras localidades limítrofes con características similares de población y de extensión. Por ello, se hace imposible prestar servicio de forma permanente en los núcleos de población de El Rompido y Nuevo Portil que pertenecen al término municipal de Cartaya.
Privatización de la seguridad
“Mientras que el equipo de gobierno tripartido no dota de medios a la Policía Local, se gasta un dinero no presupuestado en contratar a vigilantes de seguridad privada para desempeñar labores propias de la Policía Local”, ha asegurado Juan Damián Delgado, que ha indicado que “se trata de una privatización de la seguridad, ya que se están usurpando las funciones de los agentes por personal que no está cualificado ni autorizado legalmente para hacerlas”.
Como ejemplos, ha aludido a la regulación del tráfico en la localidad o el control y organización de la pasada cabalgata del día de Reyes. Delgado apuntó que “no entendemos cómo no hay recursos para medios y dotaciones de la Policía Local y sí los hay para contratar a empresas de seguridad privada”.
CSIF denunciará esta situación ante la Subdelegación del Gobierno y la Fiscalía por si estos hechos fueran constitutivos de un delito de usurpación de funciones.
Por todo ello, desde la Unión Provincial de CSIF en Huelva, su presidente Juan Manuel Quillón, ha pedido la dimisión del alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, y del concejal de Seguridad Ciudadana, Domingo Crespo. Además, se ha anunciado que durante todos los lunes del mes de enero, hoy incluido, la plantilla se concentrará a las puertas del consistorio a las diez de la mañana “para exigir la reacción del equipo de gobierno tripartito y subsane lo antes posible las graves carencias de la Policía Local”.
Fuente: huelva24.com