El juicio contra Miguel Ángel Ramírez y Seguridad Integral, en julio de 2023.

En un auto con fecha del pasado lunes, la Sección Primera de la Audiencia Nacional de Las Palmas fija las fechas para la vista del juicio contra Seguridad Integral Canaria S.A., Miguel Ángel Ramírez Alonso (Presidente de la UD Las Palmas) y Héctor Jesús de Armas Torrent por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Se han fijado las sesiones del juicio para los días 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de julio del próximo año.

En el procedimiento están como acusadores particulares la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Unión Sindical Obrera (USO).

Contra este auto cabe recurso de reposición a presentar en el plazo de tres días desde la notificación del mismo.

En octubre de 2020, la Fiscalía de Las Palmas elevó un escrito contra Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas en el que pidió 21 años y seis meses de prisión para el primero y 14 para el segundo por presuntos delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública consumados, según esta parte, cuando eran administradores de Seguridad Integral Canaria. Además, pidió multas que ascendían a 105,4 millones de euros para Ramírez y 79,3 en el caso de De Armas por dichos delitos, cometido supuestamente desde el año 2009 hasta 2017. En concepto de responsabilidad civil, la fiscal delegada de delitos económicos, Evangelina Ríos, entendía que deben abonar sumas que ascienden a más de 36 millones de euros a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Según el Ministerio Fiscal, Ramírez habría cometido cinco delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los años 2009 a 2013 y, respecto a las cuotas presuntamente defraudadas a la Seguridad Social durante 2009 a 2017, le imputa dos delitos contra la Seguridad Social y otro más respecto al año 2017.

En el caso de Héctor de Armas, la fiscal Ríos estima que cometió dos delitos contra la Seguridad Social, el primero correspondiente a los años 2011 a 2014 y el otro a los años 2015 a 2017, y tres delitos contra la Hacienda Pública desde 2011 a 2013.

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