El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas ha acordado que la empresa de Seguridad Integral Canaria, encargada de parte de la vigilancia privada en Metro de Madrid, debe continuar con el pago de los atrasos a sus trabajadores, al considerar que la compañía no tiene riesgo de sufrir una «desestabilización económica» por motivo del abono de los salarios.
El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas ha acordado que la empresa de Seguridad Integral Canaria, encargada de parte de la vigilancia privada en Metro de Madrid, debe continuar con el pago de los atrasos a sus trabajadores, al considerar que la compañía no tiene riesgo de sufrir una “desestabilización económica” por motivo del abono de los salarios.
En su auto, fechado a 5 de diciembre y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Javier Ercilla García ha estimado el recurso de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada (FTSP-USO), que impugnaba un acuerdo alcanzado entre los sindicatos Intersindical Canaria, CCOO y Seguridad Integral Canaria para suspender y archivar provisionalmente el pago a los trabajadores “con el falso pretexto” de que podía desestabilizar el equilibrio económico en la empresa y la estabilidad de los trabajadores.
Los atrasos, según deende FTSP-USO a través de un comunicado, están relacionados con las diferencias salariales producidas por el convenio de la empresa, ya anulado, con respecto al convenio colectivo del gremio que “se debía haber aplicado”. Se da la circunstancia de que en Madrid, vigilantes de Metro llevan realizando concentraciones para reclamar el pago de sus nóminas. De hecho, uno de ellos incluso ha iniciado una huelga de hambre. Metro también anunció que estaban estudiando la viabilidad jurídica para poder utilizar un aval de la empresa en el pago de los salarios.
Fuente: 
Secretaría de Información FTSP – USO Canarias