El Gobierno quiere retirar a Alcor la vigilancia de los centros de menores.
Las supuestas irregularidades de la seguridad en las instalaciones de Valle Tabares y
La Montañeta llevan a la Dirección General de Protección a la Infancia a plantearse
rescindir el contrato con la empresa.
Hace poco más de dos años, Alcor Seguridad logró la adjudicación del servicio de seguridad privada en
los dos centros de internamiento educativo de menores infractores del Archipiélago.
En aquel momento, el sindicato USO denunció que no subrogara a 20 trabajadores que estaban en la
plantilla con la anterior concesionaria, Seguridad Integral Canaria (SIC). USO aseguró que Alcor se
descolgó del convenio estatal en 2013 para recortar salarios, ampliar la jornada por encima del referido
acuerdo nacional y aplicar salarios que no llegaban a los 1.000 euros.
Tres meses más tarde, en diciembre del 2017, la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada
(FTSP) de USO recordó las grandes diferencias salariales existentes entre aquellos vigilantes que
habían sido subrogados y los contratados específicamente por Alcor para cubrir las necesidades del
servicio. En opinión de dicho sindicato, tal realidad generó malestar entre ambos grupos de persona e,
incluso, enfrentamientos. Dicha organización sindical aseguró que aquellos empleados que no fueron
subrogados tenían que realizar, en algunos casos, hasta 200 horas mensuales más de trabajo, por lo
que afrontaban hasta 40 más de las establecidas en el convenio nacional para el sector. Para USO, tal
circunstancia generaba un grave perjuicio para los afectados, que tenían serias dificultades para
conciliar su vida laboral y familiar o personal.
