La Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias confirmó el día 28 de Octubre de 2008 la suspensión cautelar de empleo (no de sueldo) a 24 trabajadores de los centros de menores de Valle Tabares y Hierbabuena (en Tenerife), tras haber recibido un documento de la Fiscalía y el Juzgado de Menores
Si te interesa, sigue leyendo
que le informaba de la existencia de los antecedentes penales y policiales de esas personas y de su discutible idoneidad para el puesto laboral que desempeñaban en este recinto.
El informe confirma la situación explosiva advertida por el Diputado del Común en su último documento, que advertía un panorama lleno de denuncias constantes de malos tratos, palizas, violaciones, motines, intentos de quemar vivos a compañeros, incendios y al menos tres muertes, además de varias fugas de internos.
Un portavoz autorizado del Gobierno de Canarias declara que “se estudiará caso por caso” hasta determinar quién se reincorporará y en qué puesto y a quién se le extinguirá el contrato. De los 24 trabajadores apartados de sus funciones, cinco pertenecen a la empresa Seguridad Integral Canaria, que ayer mismo anunció su separación del servicio. De los otros 19 restantes, empleados de la fundación Ideo, dos fueron despedidos y 17 han sido separados cautelarmente. Un cuidador estaba en busca y captura y los demás han tenido contenciosos con la Justicia, por maltrato físico a sus parejas, tráfico de drogas, robos con violencia o lesiones, además de estar implicados en reyertas y distintas causas policiales (hurtos, omisión del deber de socorro, resistencia a la autoridad, impago de multas) los últimos cinco años.
La Fundación que gestiona dichos centros de menores, no colabora con la fiscalía de menores ya que ha solicitado en tres ocasiones en los últimos años un listado de los trabajadores del centro, por sospechar que en el perfil de la plantilla se encontraba la explicación de algunas de las irregularidades que se cometían en su interior.
Investigación
El Gobierno canario recibió un informe completo con los 24 casos detectados en Valle Tabares y se dirigirá a la Fiscalía de Las Palmas para que investigue al personal de los centros de esta provincia a fin de detectar casos similares. Además de identificar a estos 24 miembros de la plantilla, la Fiscalía conmina al Gobierno a que actúe en consecuencia, a que informe de las medidas que se adoptarán, responda si se producirá o no un cambio en la política de contratación del personal y qué medidas se adoptarán en el futuro para garantizar la idoneidad de los trabajadores para la misión que desempeñan en el centro. Se entiende que una persona con antecedentes penales o policiales “no es el referente” para jóvenes “que se quieren reinsertar en la sociedad” y considera que “algo habrán tenido que ver estas personas con lo ocurrido en el interior de los centros hasta ahora”.
Frente a las críticas sobre supuesta desmotivación del personal, se advierte que la fundación Ideo premia a sus trabajadores “con los mejores sueldos con diferencia de todo el país”.
En junio de 2008, el Diputado del Común, Manuel Alcaide, denuncio que los seis centros para menores con medidas judiciales padecían una situación insostenible, requería una intervención urgente y registraban maltrato institucional.
Desde esa fecha, en Tenerife han cerrado los centros de Valle Tabares I, Nivaria, Hierbabuena y Mesa Ponte, integrados en el centro Valle Tabares II.
Dejar una contestacion