USO, el sindicado que a través de su Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) puso en marcha con su denuncia la causa por fraude fiscal contra Miguel Ángel Ramírez, reclama una condena de 37 años de cárcel y 227 millones de euros de multa para el empresario por el supuesto fraude cometido a la Seguridad Social y Hacienda a través de su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) entre los años 2009 y 2017.
En una rueda de prensa ofrecida este jueves, el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO (FTSP-USO) Basilio Febles, y su homólogo en las islas, Juan Díaz, han informado de la pena que solicitan para el empresario, al que denunciaron por estos hechos hace más de 11 años y que «por fin» han logrado que a partir del 4 de julio se siente en el banquillo.
Amplía la noticia de esta rueda de prensa en los medios que se han hecho eco de la misma.
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