Reproducimos la nota de prensa, enviada por la FTSP – USO Canarias a los medios de comunicación el pasado ia 30 de diciembre de 2017, donde enunciamos públicamente, la situación de los Vigilante de Seguridad en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores de Valle Tabares y la pasividad de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias.
Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera en Canarias (FTSP – USO Canarias), queremos denunciar públicamente, que en varias ocasiones se advirtió a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias de los incumplimientos por parte de la nueva adjudicataria Alcor Seguridad S.L. en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores, CIEMI Valle Tabares y que dichos incumplimientos estaban afectando a la seguridad del centro, lo que desató la situación vivida el pasado 29 de Diciembre, dando un balance de 1 vigilante de seguridad herido, el cuál fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Canarias, y varios educadores que fueron agredidos por los internos.
En varias ocasiones se ha puesto en conocimiento de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias las infracciones cometidas en materia laboral que está realizando la adjudicataria del servicio.
En Septiembre de este año la FTSP-USO Canarias denuncia públicamente que la empresa Alcor Seguridad S.L. se hace cargo de la seguridad del centro, la cual decide no subrogar a 20 vigilantes de Seguridad, la sustitución de estos profesionales con experiencia en centros de internamiento para menores por otros sin la cualificación obligatoria empeora la situación.
La empresa no sólo los deja sin subrogar sino que además comunica que no dará la formación pertinente que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas, manifestando que se encuentran en un contrato menor y hasta que no se firme el contrato de adjudicación como tal con la administración no se impartirán dichos cursos. Cuando el Pliego de Prescripciones Administrativo es claro y cita textualmente: “ La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.”
Además de lo anterior la empresa aplica convenio propio a los vigilantes de seguridad que son de nueva contratación mermando sus prestaciones económicas y realizando un cómputo mensual muy superior al de los vigilantes de seguridad que han sido subrogados, llegando a realizar entre 184 y 200 horas mensuales (computo mensual del Convenio Sectorial de 162 horas) e incluso en ocasiones no respetando el descanso mínimo entre jornada y jornada de trabajo, lo que se expone a la Consejería que estos hechos afectan directamente a la seguridad del centro provocando un riesgo inminente a la seguridad.
Nuevamente se hace público que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias es conocedora de la discriminación salarial existente entre el personal de seguridad además de las nuevas contrataciones y que el Pliego de Prescripciones Técnicas establece que se ha de respetar como mínimo el convenio nacional.
Por todo lo anterior la Representación Social de los Trabajadores ha presentado un Conflicto Colectivo ante el Tribunal Laboral Canario en el cuál según el apartado 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas deberá comunicarse a la dirección administrativa del contrato poniendo de manifiesto las circunstancias del conflicto y las medidas a adoptar por parte de la empresa para garantizar la prestación del servicio.
Por estos motivos y otros, a mediados de diciembre, se solicitó una reunión con la Sra. Consejera, Dña. Cristina Valido, hasta la fecha estamos esperando respuesta a dicha reunión.
En Santa Cruz de Tenerife, a 30 de diciembre de 2017.
Ahora reproducimos la nota de prensa enviada por la CEP.
La Confederación Española de Policía asegura que no es la primera vez que ocurre un incidente de ese tipo y señala que tuvieron que intervenir unidades policiales de La Laguna y Santa Cruz.
La Confederación Española de Policía ha expresado este martes su preocupación por lo ocurrido el jueves de la semana pasada en el centro de menores con medidas judiciales de Valle Tabares , en el que se amotinaron 17 chicos, un suceso en el que, según la asociación policial, se evidenció fallos en el sistema de seguridad del centro.
Según la CEP, no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo y señala que esta vez tuvieron que intervenir unidades policiales de las comisarías de La Laguna y de Santa Cruz para poder sumar efectivos y hacer frente a la situación. Aun así, indican, fue complicado por las características del terreno exterior.
La misma organización recuerda que el servicio de seguridad y protección interno está adjudicado a una empresa de seguridad privada, además de las funciones establecidas para el personal educativo, y considera que es con ellos con los que se debe empezar a trabajar y establecer un protocolo de actuación, rápido y acorde a la situación actual, revisable cada cierto tiempo.
Entiende la confederación policial que es así como se podrán afrontar situaciones como la ocurrida el pasado día 28 de diciembre con la máxima celeridad, “minimizando los riesgos para todos al mínimo”.
En el año 2012, hubo varios altercados en el centro, y en el 2015 la sala teca fue escenario del inicio de otra sublevación. “Cuando pensábamos que la situación se había normalizado permanentemente, resurgen de nuevo los problemas y nos muestran un escenario de preocupación que este sindicato policial escudriñará para la seguridad de todos”, agrega la nota.
Fuente: 
Secretaría de Información FTSP – USO Canarias