Luz verde a la creación de un ‘sheriff’ de los contratos públicos.

El Congreso aprobará HOY la Ley de Contratación Pública que creará una figura inédita: una oficina independiente que supervisará y regulará estos procesos, como ocurre en otros países de la UE.

La primera ley de Contratos Públicos de la legislación española se publicó en 1852 en el Gobierno de Juan Bravo Murillo. Ya en aquel texto se apuntaba la necesidad de evitar “abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos”. Tras 165 años, seguimos en las mismas. Hoy se presenta la ponencia y mañana se votará en Comisión del Congreso -se da por hecho que el Gobierno tiene apoyos suficientes- la nueva Ley de Contratos Públicos. Pero hay algo diferente en esta ocasión. Por primera vez se va a crear un organismo independiente para la supervisión y regulación de la contratación pública, lo que puede suponer un giro radical a la forma de proceder hasta la fecha en unos procesos que suponen casi 200.000 millones al año (el 20% del PIB).

En un momento en el que los casos de corrupción tienen copada la actualidad política -en todos los niveles de la Administración- va a ver la luz verde una ley que transpone dos directivas europeas y va a implicar un cambio de las reglas del juego que, de haber estado aprobadas en su momento, hubieran evitado muchos de los sinsabores de hoy.
La creación de esta oficina independiente ha sido defendida especialmente por Ciudadanos. El nuevo organismo tendrá un corte parecido a la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) y supervisará que los contratos se realicen conforme a unos mínimos de rentabilidad y transparencia, amén de regular y lanzar avisos sobre cómo se debe proceder en las administraciones.

La oficina tendrá un presidente y cuatro vocales con mandatos de seis años de duración

Esto es, un vigilante o sheriff que mire por la numerosa -y en muchas ocasiones farragosa- legislación de la materia. Para asegurar su independencia se establecerá una presidencia y cuatro vocalías por periodos de seis años, esto es, superiores al de la legislatura. Todos ellos no podrán ser destituidos salvo causas de fuerza mayor, que serán regladas. El perfil de sus miembros será el de funcionarios del Grupo A con al menos diez años de experiencia en la contratación pública. Estos cargos no serán renovables.

De este organismo colgará en el futuro la ya creada Oficina Nacional de Evaluación. Esta oficina se encarga de realizar informes para concesiones, pero la intención es la de ampliar sus competencias, y que tenga que realizar informes previos para los contratos de cierta envergadura.
El nuevo ente tendrá capacidad de lanzar recomendaciones a las administraciones públicas para avisar de la forma correcta de proceder en la contratación pública. Tendrá capacidad de acudir a las estancias correspondientes si detecta algún trámite no ajustado a la normativa.

Este nuevo organismo se hará con el ‘control’ de una ampliada Oficina de Evaluación

También se encargará de estudiar los criterios financieros y de rentabilidad en la contratación pública. Para ello recibirán la información de la Junta Consultiva en esta materia. Otro de los mecanismos de control será una ponencia permanente en las Cortes, en paralelo de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, por lo que los partidos políticos también controlarán específicamente la contratación pública.
Según señaló a este diario Fernando Navarro, el diputado de Ciudadanos que ha estado participando en el diseño de esta nueva oficina, una de las misiones será la de luchar contra la “corrupción blanda”, esto es, el uso de los contratos públicos con fines electorales y, por lo general, muy alejado de cualquier consideración de rentabilidad. “Son obras en las que sólo gana el político y por lo que vemos, siguen pasando”, añade.
Para cambiar este proceder, en los acuerdos de investidura de PP y Ciudadanos ya se incluía la firma de un gran pacto de Estado de infraestructuras y la ampliación de responsabilidades de la oficina de evaluación. Ahora se dotaría de una tercera pata a esta intención política, con la creación de un nuevo regulador, “en el que la palabra importante es independiente”.

Podrá supervisar contratos en marcha y emitir informes sobre cómo se debe proceder

Navarro añade que hasta la fecha los problemas en la contratación pública siempre se han resuelto con más legislación -la ley que se aprobará mañana cuenta con más de 400 preceptos- y que se debe optar por un modelo en el que prime la vigilancia de la norma.
En su opinión, lo que está claro es que el modelo actual no funciona: “Esta oficina debe dar una visión diferente y si algo no funciona debe decir por qué.”
La ley ha sido”muy transaccionada” por todos los grupos. En principio se prevén los votos a favor de PP y Ciudadanos, junto a otras formaciones, y la abstención de PSOE y Unidos Podemos.

Fuente: 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.ACEPTAR

Aviso de cookies
CLOSE
CLOSE
A %d blogueros les gusta esto: