La nueva resolución judicial «afecta a la liquidez de Seguridad Integral».

La resolución judicial emitida por el Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria que reactiva la deuda a la plantilla de Seguridad Integral Canaria es un nuevo golpe a la «liquidez de la empresa al retener sus ingresos y bloquear los pagos», según explicaron fuentes de la compañía. Esa nueva sentencia judicial solo redunda en «la situación que había provocado el embargo de cuentas de la empresa por parte del Hacienda y la Seguridad Social», insistieron estas mismas fuentes.

Este mismo lunes, Miguel Ángel Ramírez, accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, declaró que se estaban «dando pasos para el desbloqueo de las cuentas y poder pagar a los trabajadores».

Los empleados de SIC están protagonizando en las últimas semanas protestas por el retraso en el cobro de sus nóminas, tanto en Canarias, como en Madrid (donde se ocupa de la vigilancia de varias líneas de metro). Esas protestas han sido acompañadas, en algunos casos, por el inicio de huelgas de hambre.

Fuente: 

Secretaría de Información FTSP – USO Canarias

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