Según publica hoy 
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Miguel Ángel Ramírez se ha desentendido de los hechos por los que comparece ante el juez como investigado alegando que él fue administrador de SIC hasta el año 2011 y por lo tanto, el responsable directo de la gestión de la empresa y de las supuestas actuaciones ilegales que le imputa la fiscal Evangelina Ríos era Héctor de Armas.
Ramírez detalló que, en referencia a los años en los que fue administrador de SIC, pagaban las horas extras, las dietas y también compensaban con días libres pero que tras la llegada de De Armas, desconocía «los acuerdos a los que se había llegado con los trabajadores».
Repercusión en los medios de esta noticia:
Sobre las declaraciones de Ramirez ante el juez:
«De Seguridad Integral Canaria, ni idea yo le vendí la empresa por 1 €, a Hector de Armas, (su mano derecha durante años) y desconozco si ha cometido irregularidades a partir de ese día».
¿Pretende decirnos el sr. Ramirez con esto, que durante su gestión al frente de SIC ha sido un ejemplo de transparencia, legalidad y respeto por los derechos laborales y económicos de sus trabajadores?
Sobre la presunta creación de un entramado para la descapitalización de la empresa SIC, la Fiscalía de Delitos Económicos acusa a estos dos «empresarios modélicos» ademas de a siete amigos y familiares de Ramirez por ¡Insolvencia Punible y contra los Derechos de los Trabajadores! Por crear empresas exprofeso, con la única finalidad de desviar el dinero y así descapitalizar a Seguridad Integral Canaria hasta lograr se aceptase su entrada en Concurso Voluntario de Acreedores como así ha sucedido. ¡Los hechos son tozudos!
Con nuestra presencia a las puertas del juzgado nº 8 en la Ciudad de la Justicia en Las Palmas ademas de mostrar a estos empresarios nuestra repulsa, también quisimos denunciar la connivencia política que durante todos estos años ha sido cómplice necesario en la adjudicación de múltiples concursos a SIC por millones de euros, pese a las advertencias de la FTSP-USO a todos los niveles, regional o nacional, alertando del «modus operandi» de estos empresarios, mas en concreto de Miguel Ángel Ramirez y que ningún político quiso hacernos caso, ellos sabrán el motivo.
Para finalizar como hizo ayer en sus declaraciones Juan Díaz, secretario general de la FTSP-USO Canarias, desde la secretaría de información estatal denunciamos una vez mas, que estas practicas (que otras empresas hoy en día copian), solo creaban precariedad y miseria laboral entre los mas de 5000 trabajadores que esta empresa PIRATA ha llegado a tener en toda España, que al final los trabajadores serán los que paguen en sus economías familiares, el desprecio hacia el trabajador de estos empresarios, el desinterés de los políticos a sabiendas de lo que iba a suceder por contratarles una vez tras otra y por unas leyes que a lo mas que llegaban ante las denuncias presentadas por los trabajadores y por la FTSP-USO era a imponer unas sanciones pirricas para el volumen de dinero que movían estos individuos, por lo que les salia a cuenta cometer la irregularidad y pagar la sanción.
Los extrabajadores de la PIRATA Seguridad Integral Canaria así como la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, pedimos que la justicia sea eso JUSTICIA, que sea diligente y que una vez comprobados los hechos denunciados (no nos olvidemos única y exclusivamente por la FTSP-USO), caiga de manera ejemplarizante con todo su peso sobre estos empresarios y empresas PIRATAS.