El Gobierno cambiará la ley para que las contratas públicas puedan subir los sueldos.

El acuerdo sobre negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal supondrá el principio del fin de la ley de desindexación de la economía. Se pretende, en concreto, que las distintas administraciones públicas no tengan que someterse a las actuales restricciones que impone la Ley de Contratos del Sector Público (aprobada en 2017), que obliga a revisar los precios de la luz, precisamente, de la Ley de Desindexación.

Sindicatos y empresarios consideran que esta es la única manera de cumplir el acuerdo interconfederal de negociación colectiva, que, entre otras cosas, se ha puesto como objetivo alcanzar un salario mínimo en convenio colectivo equivalente a 14.000 euros brutos al año (1.000 euros al mes por 14 pagas).

Cientos de miles de trabajadores en empresas que contratan con las distintas administraciones perciben unos salarios muy alejados de los 1.000 euros mensuales. En particular, en sectores como el de la seguridad privada (unos 80.000 trabajadores), la limpieza de edificios públicos (alrededor de 400.000 empleados) o los servicios auxiliares, cuyo número es difícil de precisar. Entre otras cosas, por la proliferación de las llamadas empresas multiservicios, creadas en muchos casos con el único objetivo de abaratar los sueldos al tener prevalencia el convenio de empresa sobre el de sector, como dispuso la última reforma laboral.

 

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