Montoro reconoce “situaciones indeseadas” y “errores” en adjudicaciones de seguridad privada.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reconocido este miércoles en el Pleno del Congreso que se han producido “situaciones indeseadas” y “errores” en la contratación pública con empresas de seguridad privada, aunque ha asegurado que estos contratos se han rescindido.

Preguntado por el portavoz de Empleo de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, sobre si piensa rescindir los contratos concertados por ministerios con “empresas pirata de seguridad”, Montoro ha dicho que estas situaciones han provocado la disolución de los mismos, y se ha remitido a la mejora de este problema gracias a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Esta nueva ley, ha dicho el ministro, permite asegurar que “efectivamente detrás de la contratación pública no se produzca ninguna situación abusiva en relación con los trabajadores que prestan un servicio público, y menos en un sector tan importante como el de la seguridad”.

ACUERDO EN LA MESA DE SEGURIDAD

Asimismo, también ha celebrado el primer acuerdo alcanzado en el grupo de trabajo de la seguridad privada –donde además de patronal y sindicatos se encuentran los ministerios de Fomento, Empleo y Seguridad Social e Interior– en el que se reconoce la “importancia” de asegurar “condiciones adecuadas para los trabajadores”.

Además, el ministro ha señalado que en este acuerdo se incluye un compromiso para exigir “condiciones de solvencia adecuada” a las adjudicatarias, el “respeto” a las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, y abrir las adjudicaciones a cláusulas sociales y laborales, tal y como recoge la nueva ley de contratación.

“Reconozcamos que ha habido errores, pero estamos en el camino de resolverlos y le solicito el apoyo de su grupo político, como ha hecho en la nueva Ley de Contratos”, ha dicho Montoro.

“SADISMO” CON DINERO PÚBLICO

Durante su intervención, Alberto Rodríguez ha lamentado que las “empresas pirata, aunque pareciera imposible, van mucho más allá de la reforma laboral” al incumplir “sistemáticamente el convenio colectivo” y sus obligaciones tributarias y no llegar a pagar en ocasiones el salario a sus trabajadores, en una situación que ha calificado como de “casi sadismo”.

“Todo esto sucede porque las Administraciones Públicas firman contratos con un coste muy inferior que las ofertadas anteriormente. Esto no sólo tira a la baja las condiciones laborales de todo el sector, sino que afecta a la seguridad de toda la sociedad”, ha explicado, recordando que en estos momentos se encuentra activado el nivel de alerta terrorista 4.

Asimismo, ha responsabilizado al empresario canario Miguel Ángel Ramírez de la “lacra” de estas “empresas pirata” –“todas o muchas de ellas están en sus manos”, ha dicho– y ha recordado su amistad con el exministro José Manuel Soria. Ramírez, también presidente de la U.D. Las Palmas, fue indultado por el Gobierno del PP.

“Sé que es muy difícil actuar sobre estas cosas, pero es más difícil trabajar mañana, tarde, y noche y ver que no puedes llenar la nevera, pagar las facturas, ni el alquiler. Más difícil es trabajar y que no te pagan el salario sabiendo que hay dinero público detrás”, ha criticado, recordando la suspensión de un contrato de seguridad por parte del Ayuntamiento de Barcelona por “dejadez de funciones” de la empresa.

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