El Gobierno central denunciará por lo penal a Seguridad Integral Canaria.

El Gobierno ha acordado hoy denunciar ante la Fiscalía a la empresa Seguridad Integral Canaria al considerar que podrían derivarse responsabilidades penales de las infracciones detectadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.

Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, la remisión del caso al Ministerio Fiscal implica la suspensión del procedimiento administrativo sancionador abierto a la empresa hasta que la justicia se pronuncie.

La compañía es propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, y tiene presencia en todo el país por los concursos ganados para la vigilancia de edificios de distintas Administraciones públicas.

El Gobierno ya llevó ante la Fiscalía, antes del verano, a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, otra empresa del sector que los sindicatos de la seguridad privada relacionan también con Ramírez, algo que niega el empresario.

Ramírez ya tiene abierta una causa en un juzgado de Instrucción de Las Palmas por supuesto fraude a la Seguridad Social y Hacienda.

Seguridad Integral Canaria anunció este verano que dejaría de prestar servicios de vigilancia presencial para mantener sólo los de transporte de fondos y alarmas, traspasando a los trabajadores del área de vigilancia a otras empresas.

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