Un total de cien años de prisión suman las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal para dos de los responsables del centro para menores con medidas judiciales Nivaria, en la actualidad ya cerrado, como supuestos responsables de numerosos delitos de torturas que la defensa niega y pide por ello la absolución de sus clientes.
Ayer quedó visto para sentencia el juicio que la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Santa Cruz de tenerife sigue contra el subdirector del centro y el jefe de seguridad del referido centro, que tuvo su sede en el monte de La Esperanza, dentro del término municipal de El Rosario.
El fiscal mantuvo en su escrito de conclusiones provisionales que uno de los acusados, identificado por las iniciales L. E. F. G., es a su juicio responsable de hasta 16 delitos de torturas para los que pide una pena de cuatro de cárcel por cada uno, mientras que al segundo, identificado por las iniciales A. A. R. M., le achaca otros 12 delitos de torturas para los que pide tres de años de cárcel para cada uno. En total, 64 años para el primero y 36 para el segundo.
Por contra, el abogado defensor, Juan Manuel Fernández del Torco, niega rotundamente la veracidad de los hechos que la Fiscalía considera probados y apunta que hubo que separar a los internos por razas para evitar que se pelearan entre ambas.
En cuanto a las acusaciones, cabe destacar que se acusa al director de crear un “uso casi exclusivo del castigo como herramienta de aprendizaje y un trato desigual de la normativa con discriminaciones hacia los menores por razón de su raza”, todo ello en un contexto creado por él como responsable del centro de facto “de absoluta prioridad de la seguridad y la contención frente al elemento educativo”.
Sobre las supuestas torturas, el relato de la Fiscalía es tremendo. Se asegura que los menores de origen africano “siempre eran los últimos en la cola del comedor y en las duchas y que, a veces, permanecían encerrados en sus cuartos mientras los españoles disfrutaban de sus horas de patio”.
A dos de los magrebíes se les forzó a que “se colocasen desnudos contra la pared, obligándoles a hacer flexiones una hora y recibiendo bofetadas”.
En otra de las ocasiones -siempre según la Fiscalía- llevaron a dos magrebíes a una zona sin cámaras, se pusieron guantes y les obligaron a desnudarse, para luego “retorcerles el brazo, hacerles una zancadilla tirándoles de cabeza, pisarles la cabeza, pegándoles con el puño y con la mano abierta a la altura del estómago y del tórax cuidándose de no dejar marcas”.
Pero no solo hubo con magrebíes. El escrito de la Fiscalía asegura que los españoles, nada más entrar, también recibían lo suyo. A uno lo desnudaron supuestamente para cachearle y ordenarle que hiciera cien sentadillas para luego tenerle un día de aislamiento tras el cual, después de ser llevado al lugar donde no había cámaras, golpearle y amenazarle.
A otro lo recibieron con cachetadas para advertirle que “quien mandaba en el centro eran ellos”, para días después hacerle una visita a la habitación sonde también le golpearon.
A otro más lo llevaron a aislamiento para golpearle, a otro lo esposaron en varias ocasiones a una estantería y a una cama, a otro le pegaron tanto tras discutir con una educadora que terminó desmayándose, y hubo incluso algún interno que intentó suicidarse harto de tanta agresión, siempre según las conclusiones de la Fiscalía.