Las relaciones entre patronal y trabajadores nunca han sido fáciles, pero la reforma laboral aprobada hace ahora un año por el Gobierno de Mariano Rajoy ha provocado un cambio sustancial en el marco de relaciones y ha disminuido la fuerza de los trabajadores en las negociaciones de los convenios colectivos, a las que las empresas llegan con durísimas exigencias, centradas sobre todo en la flexibilización y aumento de las jornadas. Saben que pueden lanzar el órdago, porque la alternativa es la calle.
“Con la reforma laboral las empresas y organizaciones patronales tienen más poder de presión, porque muchos convenios van a caducar y si no se llega a un acuerdo, entonces se pasa a usar el Estatuto de los trabajadores”, explica Sara García, de USO. La reforma reduce a un año la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios. En la actualidad, y según los datos de UGT, hay unos 4.100 convenios pendientes de negociación.
Donde más se está dejando sentir la presión es en el sector servicios, en empresas de seguridad, limpieza y residencias, explican los sindicatos consultados. “Ahí ya había horarios bastante precarios”, señala García, pero ahora y con la caída del volumen de negocio, “quieren apretar aún más y está habiendo muchas dificultades para llegar a acuerdos, porque quieren aumentar las jornadas y reducir los tiempos de descanso para cubrir el mismo trabajo con menos gente”. Es algo que confirman desde CC.OO.: “Uno de los puntos más conflictivos en las actuales negociaciones está siendo el aumento de las jornadas”, destaca Rita Moreno, secretaria de acción sindical.
Descuelgues y modificaciones sustanciales
Y para negociar esto, “muchas compañías, por ejemplo, de seguridad privada, están amenazando con descolgarse del convenio para salarios y horarios, como son los casos de Seguriber –empresa que estaba encargada de la seguridad del Madrid Arena- y Falcon”, señala García. Y utilizan la difícil situación económica y la reducción de la demanda para justificar este descuelgue, que consiste en dejar de aplicar lo pactado en el convenio.
“El problema es que en muchos casos se está planteando una reducción de sueldos mileuristas, lo que deja a los trabajadores prácticamente con el salario mínimo”, explican desde USO. Además, en muchos casos no se están respetando los incrementos salariales pactados, denuncian, aunque no concretan en qué compañías ha sucedido esto.
Pero las empresas no tienen ni siquiera la necesidad de descolgarse del convenio, una opción que les obliga a llegar un acuerdo con la plantilla sobre cuáles serán las nuevas condiciones laborales. Pueden llevar a cabo unilateralmente una modificación sustancial del convenio, destacan los sindicatos, lo que deja en una situación muy vulnerable a los trabajadores.
“Esta es una práctica que están llevando a cabo empresas de limpieza, por ejemplo, para ampliar los horarios”, afirman desde USO. Con la reforma de Rajoy, se han ampliado las causas por las que se puede dejar de aplicar el convenio y a qué pueden afectar estas modificaciones (a la jornada, a la distribución del tiempo trabajado, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración al sistema de trabajo y a las funciones). Además, ahora basta con que la empresa justifique dos trimestres de caída de ingresos, destacan en CC.OO..
Lo que está pasando en varios sectores es similar a lo que se planteó en un inicio en la negociación del convenio de grandes superficies –que se firmó, finalmente, el viernes- y que provocó la oposición en bloque de los trabajadores. Lo que pretendía la patronal era ordenar los turnos y los festivos a trabajar, pudiendo modificarlos con muy poco tiempo de antelación, como quería hacer El Corte Inglés.
“Se están estirando al máximo las jornadas –en muchas empresas ya son superiores a las ocho horas que se recogían en los convenios y hay muchos ejemplos de esto en las residencias– e incluso se anima a los trabajadores a no cogerse bajas laborales y que pasen la enfermedad con días de vacaciones”, denuncian fuentes sindicales. El problema es que aunque algunas de las medidas que proponen o toman las empresas son abusivas, “los empleados no quieren denunciar, hay mucho miedo a perder el trabajo. Es el mantenimiento del empleo a cualquier precio”, comenta Sara García.
Problemas comunes en todos los sectores
Anged, la patronal de las grandes empresas de distribución, comenzó las negociaciones pidiendo una bajada salarial en función de la caída de ventas del ejercicio respecto a las de 2008, la eliminación de la antigüedad, la eliminación del pago por los domingos trabajados y de dos pagas extra, además de la flexibilización de las jornadas y un cambio en la distribución de los días de vacaciones. En el convenio final, que no han firmado ni UGT, ni CC.OO., no han quedado reflejadas muchas de estas peticiones.
Pero los abusos no se quedan solo en el sector servicios. En la industria las empresas también se están aprovechando de la situación y, por ejemplo, en el sector metalúrgico valenciano hubo falta de acuerdo en el convenio porque la patronal quería incrementar las causas por las cuales se podría aplicar la modificación sustancial de las condiciones del trabajo. También pretendían aumentar los motivos para descolgarse del convenio en la remuneración y querían no tener que justificar esta decisión si era por un periodo de seis meses. Además, igual que sucedía con Anged, buscaban eliminar la antigüedad y los complementos económicos que conlleva o flexibilizar las vacaciones obligatoriamente sin contraprestación. Asimismo querían cambiar el plus que se cobra por “tóxicos, penosos y peligrosos”.
El sector financiero tampoco escapa a los problemas de los convenios. Tal y como destacan desde Comfia (CC.OO.), aunque se ha llegado a un acuerdo, “no ha sido fácil, ya que las tensiones que se produjeron fueron muy importantes por las escandalosas pretensiones de la patronal”. La AEB (Asociación Española de Banca) quería suprimir los trienios, ampliar el radio de movilidad geográfica, eliminar las pagas de beneficios y desregular los horarios, además de un endurecimiento del régimen disciplinario.
Pero es que, además, el margen de las empresas para presionar se ha visto ampliado también por el hecho de que ahora pueden plantear EREs no tutelados y si tras el periodo de consultas no hay un acuerdo, ejecutarlos. Desde CC.OO. denuncian que, además de los órdagos que lanzan empresas y patronales durante las negociaciones de los convenios, “muchas utilizan los expedientes de regulación para modificar las condiciones pactadas”.
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